Recontar los abusos del pasado: misión (im)posible

La Iglesia española ha abierto las puertas a cuantificar los abusos sexuales a menores cometido en su seno echando la mirada atrás. Así lo manifestaron el pasado martes tanto el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, como el presidente y fundador del despacho de abogados Cremades&Calvo-Sotelo, Javier Cremades, que ya se ha puesto en marcha con un equipo de 18 profesionales para abordar lo que él mismo definió como el encargo «más complejo» de su carrera.

No erraba en esta apreciación en tanto que son numerosas las aristas de esta auditoría independiente que, amén de acompañar a las víctimas en aras de una justicia restaurativa, también intentará recabar todos los datos referidos al presente y al pasado. Cremades adelantó algunas pistas al respecto. Se trata de una investigación «híbrida», en tanto que buscará rescatar lo más acertado del trabajo realizado en otros países. Por ejemplo, el bufete español echará mano de Westpfahl Spilker Wastl, el despacho germano que investigó al arzobispado de Múnich. De hecho, está previsto que dos abogados viajen una vez al mes a España como asesores.

Se contará también con el presidente de la comisión francesa de investigación, Jean-Marc Sauvé. En este sentido, quizá más para afinar la labor realizada por su comisión. Y es que, la auditoría gala desveló 330.000 agresiones entre 1950 y 2020 a manos de 3.300 sacerdotes, religiosos y laicos. O lo que es lo mismo, unos cien menores vulnerados de media por depredador, lo que generó dudas sobre esta extrapolación de datos. De hecho, otras entidades galas hablan de no más de 28.000 abusos en los últimos 70 años.

De ahí que la metodología española no sea una cuestión baladí, puesto que un desliz en este punto generaría una guerra de cifras y cuestionaría su calidad.

«Es imposible cuantificar. Hay que partir de esta modestia», expone Gema Varona, directora investigadora permanente en el Instituto Vasco de Criminología y profesora de Victimología en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco. «Es importante calcular el alcance, pero no debería ser la meta principal, porque no se va a poder dar una cifra real, tan solo una estimación o una aproximación», detalla esta experta que lleva desde 2013 analizando este fenómeno desde el punto de vista académico, pero, sobre todo, con las víctimas.

Varona aclara que resulta harto complicado dar con un dato exacto, no solo en la pederastia eclesial, sino tampoco en los casos vinculados a la familia o a otras instituciones: «Hay mucha victimización oculta y muchísimas personas que no van a dar el paso a exponer lo que han sufrido por diversos motivos. Por eso, la suma de las partes no va a ser el total». De hecho se calcula que tan solo un diez por ciento de los casos salen a la luz en nuestro país. «Eso hace que difícilmente se pueda rastrear con fidelidad y no se pueda constatar si lo que se va a mostrar es la parte visible de esa punta del iceberg o algo más». Entre aquellos que seguirán guardando silencio se encuentran quienes huyen de cualquier eco mediático, a los que les genera desconfianza tratar con un abogado o con las oficinas diocesanas por identificarlas directamente con el verdugo. Así, en los dos años de funcionamiento de estas ventanillas eclesiales, no ha llegado una sola denuncia a la mitad de ellas.

En otros casos, los afectados no quieren retratarse ante un entorno que lo supo en su momento y no hizo nada. «Para ganarte la confianza de las víctimas –aprecia Varona–, tienes que decir y demostrar que eres transparente, independiente, profesional, que no vas a causar más daño y que vas a publicar sin filtros los datos que te lleguen, respetando siempre la privacidad».

Al recuento se añade otra dificultad: la ausencia de información en los archivos. Durante su comparecencia del martes, el cardenal Omella no dudó de la colaboración de los obispados a la hora de facilitar el acceso. Sin embargo, la realidad manifestada a este diario tanto por vicarios judiciales como por los provinciales de las principales congregaciones afectadas es que el tema era tan tabú que, en caso de tomar medidas como los traslados, no se dejaba registro.

En cualquier caso, la investigadora vasca aprecia el paso dado por la Iglesia, pero confía en que el objetivo de la auditoría en marcha se centre en «valorar el impacto de la victimización desde las personas para ponerlas en el centro». Esto es, que se prime lo cualitativo a lo cuantitativo. «La experiencia internacional nos dice que cuando se ha buscado acercarse a las personas sin sospechas, sea por carta, a través una llamada o en el tú a tú, se inicia un proceso reparador y rompe los miedos de la propia Iglesia que deja de pensar que se abre una caja de pandora que la va a destruir». En este sentido, pone en valor el proceso de reconstrucción llevado a cabo por la Iglesia irlandesa desde que hace más de una década realizó su auditoría. «Las víctimas no buscan la cárcel ni las indemnización per se, fundamentalmente quieren que se les pida perdón».