“Los beneficios de la industria farmacéutica deben revertirse para contratar a sanitarios”

Los días previos y posteriores a la declaración del estado de alarma fueron un caos para las autoridades sanitarias. Las actas de los encuentros que mantuvieron entonces en los plenos del Consejo Interterritorial, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, dan cuenta de los fallos del Ministerio de Sanidad a la hora de gestionar las compras de los materiales de protección y revelan también ocurrencias insospechadas de algunos consejeros. Unos y otras han tratado de ser silenciados en los documentos hechos públicos por el departamento que dirige Carolina Darias, según fuentes presentes en las reuniones, que denuncian que los textos no recogen fielmente lo que se dijo y omiten numerosos comentarios importantes.

El acta de la reunión del 25 de febrero destapa, por ejemplo, que en esa fecha Sanidad apenas planteaba recomendaciones de no viajar a zonas de riesgo como Italia. El entonces ministro, Salvador Illa, aseguraba que dotaría de más personal a los aeropuertos «a efectos de información a los viajeros». Algo parecido sucedió en la reunión celebrada el 1 de marzo. Illa apuntaba, además, que se estaba trabajando «en un fondo de contingencia y en las compras centralizadas». En el encuentro celebrado el 5 de marzo, apenas nueve días antes del estado de alarma, siguen sin adoptarse medidas sobre los viajes y algunas autonomías hablan ya de desabastecimiento de materiales de protección e, incluso, de medicamentos.

En la cita del día 9, el ministro insistía en que estaban trabajando en la compra de productos sanitarios y de protección, coordinados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), y que ese mismo día iban a empezar a distribuirlos «conforme a las necesidades reales» que habían comunicado las autonomías. Ese día, sin embargo, no llegó nada a regiones como Madrid. Illa también consideraba el cierre de los colegios «un tema muy sensible» y prometía una recomendación al respecto.

Dicho cierre hubo de esperar al día 9 de marzo, igual que el de los eventos y espectáculos, una vez celebradas las concentraciones feministas del día 8. El 10 de marzo, con los hospitales ya desbordados y los sanitarios sin medios de protección, el ministro anuncia que se va a enviar un formulario a las comunidades para que informen del stock disponible y de sus necesidades a una semana vista.

El día 11 no se adopta ninguna medida, y el 12 el ministro anuncia el reparto de mil millones de euros de fondos para Sanidad y algunas medidas tardías como la prohibición de los ferrys entre Italia y España. El colapso de los hospitales ya era total. También habló de la realización «masiva» de PCR a la población, justo en un momento en el que todas las regiones estaban reclamando precisamente reactivos y kits de PCR. Este extremo ha sido obviado del acta. Respecto a los equipos de protección, Illa informa de que hay «una compra conjunta a nivel europeo y que hay una importante cantidad de mascarillas garantizada para el día 17» Mascarillas que no llegaron. El acta obvia este extremo y sólo alude a la compra a nivel europeo. Ante la insistencia de las autonomías, Illa replicó que los materiales llegarían «en breve, gracias a las acciones de compra centralizada». El acta sólo recoge que se está trabajando en el suministro de cualquier producto sanitario.

Ese día, se aprueba el cierre de las estaciones de esquí y la suspensión de las oposiciones. El 15, ya con el estado de alarma, las regiones insisten en la falta de materiales. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, del PSOE, pide a Sanidad que indique cuándo van a llegar. El acta sólo recoge la necesidad de material y que esperan poner tenerlo antes del martes, sin mencionar que es el Ministerio el que se comprometió a la entrega.

El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, también del PSOE, formula una de las propuestas más pintorescas. En concreto, pide «la reversión de los beneficios de la industria farmacéutica a favor de las administraciones para la contratación de más profesionales» sanitarios y el cierre de los balnearios. Ninguna de las dos reivindicaciones aparece recogida en el acta. El 16, Illa negaba «rotundamente» que se hubieran producido incautaciones a las comunidades y añadía que «no se va a incautar nada que pueda adquirirse por las consejerías». Las autonomías, lo niegan. El consejero andaluz, Jesús Aguirre, del PP. expresó su preocupación porque a la empresa proveedora principal de los materiales le habían incautado 150.000 mascarillas y porque sólo disponían de material para cinco días. En la reunión del 18, la consejera de Aragón, también del PSOE, denunció haber sufrido una incautación del 50% de las unidades de mascarillas que habían comprado y pidió encarecidamente a Sanidad que diera instrucciones al Ministerio del Interior para que frenara este tipo de acciones. Este comentario es obviado en las actas.

El consejero de Extremadura expresó por su parte sus dudas sobre la compra centralizada de materiales de protección. Tampoco se recoge el comentario del consejero de Sanidad de Galicia, del PP, sobre la desconfianza con los proveedores ante el temor de requisa por parte del Gobierno.