Nuevo varapalo para la familia de Déborah Fernández: la jueza rechaza un jurado popular

La familia de Déborah Fernánfez, la joven asesinada hace 20 años en Vigo, ha recibido un nuevo varapalo judicial. La titular del Juzgado de instrucción nº2 de Tuy ha rechazado la petición de los letrados de la familia de transformar las actuales Diligencias en procedimiento del Tribunal de Jurado. Lo ha hecho mediante un auto fechado a 16 de junio, según comunicaron ayer desde el despacho de abogados de Ramón Amoedo.

La petición de la familia se realizó el pasado 2 de junio basándose “en lo que prescribe la Ley del Jurado: cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada de los hechos, y tan pronto como de cualquier actuación procesal resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido a dicho Tribunal, procederá la Juez de Instrucción, previa valoración de su verosimilitud, a dictar resolución de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado. Incoado el mismo, se pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados y con objeto de concretar los hechos y su imputación, se les convocará a comparecencia, junto al Ministerio Fiscal y resto de partes personadas”.

Sin embargo, la jueza se pronunció de forma negativa porque considera que “hay que esperar a que se complemente el informe pericial acordado”, según explican desde el despacho de abogados. La magistrada se referiría a la decisión de remitir el informe pericial de LAZARUS TECHNOLOGY y la copia del disco duro al departamento de ingeniería de la Guardia Civil.

“Casi inutilizan el disco duro al intentar clonarlo”

Sobre dicha decisión los abogados de la familia de Déborah mostraron su “perplejidad y contrariedad” ya que creen que el Grupo EDITE de la Guardia Civil ya actuó en este procedimiento tras decisión de la jueza. “Así consta en autos, el 15 de septiembre de 2020, y casi inutilizan el disco duro cuando intentaron clonarlo, y el mismo empezó a echar humo”, sostienen.

Los abogados de la familia aseguran que días después, y a pesar de las peticiones para que se nos entregase el disco duro, la jueza decidió remitírselo al departamento de ingeniería de la Guardia Civil en Madrid. Con el resultado que obra en autos, cinco meses después informó que “no ha sido posible acceder a la información que contiene el disco duro, debido a que el chip de memoria ROM de la placa base está dañado o defectuoso, lo que ha impedido la extracción de la información almacenada en el disco duro” De ahí que los letrados hayan pedido explicaciones a la juez sobre si pone en duda el informe contundente de LAZARUS TECHNOLOGY presentado tras casi un año de trabajo, además de que dicha resolución alargará nuevamente la instrucción de este procedimiento. Tampoco accede la juez, protestan los letrados, a pedir informe a Policía Nacional y Guardia Civil sobre la cadena de custodia del disco duro cuando estuvo en sus respectivas instalaciones, ni a abrir pieza separada para investigar esta manipulación.