Científicos de élite se rebelan contra el Gobierno

El Congreso de los Diputados vota este jueves la única enmienda que el pasado mes de julio se incorporó en el Senado a propuesta del PP a la nueva Ley de la Ciencia, pero que puede suponer un cambio significativo de uno de los principales objetivos anunciados por el Gobierno de esta iniciativa legislativa, el de propiciar la contratación indefinida y la estabilidad laboral de los investigadores.

La enmienda del PP suprime otra (la disposición adicional 10ª) que buscaba limitar la contratación temporal de investigadores a aquellos contratos asociados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y «solo» por el tiempo necesario para la ejecución de esos proyectos, además de a contratos necesarios para proyectos cuya financiación dependa de fondos europeos «no competitivos».

De esta forma, la ley se va aprobar con seguridad, pero falta por ver si queda descafeinada en caso de que se elimine uno de los puntos más importantes que pretende introducir. En este momento está bastante claro que la pelota está en el tejado de ERC, que sorpresivamente apoyó la enmienda en contra de sus socios de gobierno, aunque no fue el único partido. También votaron a favor JxCat, PNV, UPN y Vox.

En este sentido, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha pedido a ERC y JxCat que no apoyen en el Congreso, como hicieron en el Senado en julio, la enmienda a la ley de la Ciencia con la que «se quiere volver al sistema de precariedad», según ha declarado en una entrevista a Cataluña Radio.

No obstante, profesionales ligados a algunos de los centros de investigación más importantes de España, como son un total de 57 directores de centros de la red SOMMA (Severo Ochoa-María de Maeztu) se han mostrado a favor de que la enmienda se mantenga. Y han remitido una carta a los ponentes de la reforma de la Ley de Ciencia en la que detallan su postura.

En ella explican que comparten «sin reservas» la voluntad de «reducir los contratos falsamente temporales que se encadenan y pueden perjudicar la carrera profesional de las personas afectadas». No obstante, subrayan que los «falsos contratos indefinidos» (porque consideran que se harían a sabiendas de que se tratará de proyectos de duración limitada) que propone el Gobierno no disminuye la precariedad de los investigadores, a la vez que «contribuyen a la generación de conflicto laboral en perjuicio tanto de los trabajadores como de las instituciones científicas».

Fuentes de estos centros indican que se les ha acusado de no querer pagar las indemnizaciones cuando finalicen los contratos, pero aseguran que eso «es falso, lo que nos gustaría es que el dinero para las indemnizaciones pudiera venir de los propios proyectos». Explican que con la nueva ley «cuando consigues dinero para un proyecto europeo, cuando se acaba tienes que despedir a la gente y no les puedes pagar indemnizaciones a cargo del proyecto, tienes que hacerlo con fondos propios, por lo que aumentas la carga financiera sobre los centros de más éxito en España (de más excelencia)». De este modo, para los centros que tienen pocos proyectos «es un problema menor, pero para los que tenemos más es un problema importante». Por eso recalcan que se debe gestionar que las indemnizaciones salgan de los fondos de los propios proyectos, para no perjudicar a los que tienen más.

¿Cómo solucionarían entonces el problema de la precariedad? Para ellos depende de dos aspectos concretos. Primero, aumentando la financiación basal. Los países europeos de nuestro entorno tienen una financiación basal mucho más alta, del 3-3,5% del PIB, pero en España es muy baja (fijado en el 2,12% del PIB para 2027), «por tanto tenemos una precariedad muy importante ligada a ello». Y segundo, eliminando la llamada «tasa de reposición» (que mide el porcentaje de plazas que pueden ser cubiertas con nuevas incorporaciones). En la mayoría de centros públicos hasta que no se produce una baja no se puede contratar a alguien, «por lo tanto no puedes aumentar indefinidamente contratos fijos indefinidos porque no tienes tasa de reposición». Según los firmantes de la carta, para el Gobierno «los contratos indefinidos no ocupan tasa de reposición, pero porque son falsos indefinidos». Con estas dos medidas, que dependen del Ejecutivo central, «se acabaría la precariedad, pero no las quiere tomar por varios motivos, entre ellos presupuestarios», afirman.

Por otra parte, también rechazan que haya que hacer estos contratos indefinidos siguiendo el ejemplo europeo. En la Unión Europea hay una pagina de empleo comunitaria (Euraxess) donde todos los proyectos europeos que sacan plazas a contratación tienen que publicar las ofertas de empleo (predocs, postdocs...), «y el 98% de los contratos no son indefinidos», y destacan que “sucede en países como Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Holanda, Dinamarca...».

Finalmente, subrayan que la nueva ley de Ciencia podría llevar a «importantes problemas de litigios», ya que al término de los proyectos los despidos colectivos de investigadores «llevarían a expedientes de regulación de empleo (EREs)», con lo que en España las instituciones «estaríamos de manera permanente en procesos judiciales».