Una veterinaria y 11 personas serán juzgadas por matar a 39 galgos con una inyección intravenosa

Una veterinaria y otras once personas propietarias de perros serán juzgadas este noviembre en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Mérida por la muerte de 39 canes dedicados a la caza, la mayoría galgos, acusados de otros tantos delitos de maltrato animal.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide la pena de 15 meses de prisión por cada uno de estos delitos.

La veterinaria está acusada por lo tanto de 39 delitos de maltrato animal y, además, el Ministerio Público solicita para ella dos años y ocho meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental.

Los dueños de perros que se sentarán en el banquillo son diez hombres y una mujer y están acusados de entre dos y ocho delitos de maltrato animal, como es el caso de uno de ellos.

Entre 2017 y 2019, la veterinaria, que ejercía en una localidad de Badajoz, de manera continua y a requerimiento de sus propietarios, provocó la muerte de diferentes perros de razas especializadas en labores de caza, básicamente galgos, aunque también había podencos o mestizos, sin ajustarse a los protocolos exigidos por el Código Deontológico del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España.

Los propietarios de los animales acudían a ella alegando que los perros ya no cumplían de manera adecuada con las funciones cinegéticas que les tenían encomendadas y le manifestaban su intención de deshacerse de ellos.

La veterinaria se ofrecía a dar a los perros una muerte indolora mediante la administración intravenosa de una inyección letal y después los propietarios se llevaban el cadáver, que solían enterrar en terrenos de su propiedad o en los extrarradios de sus localidades.

Ninguno de estos animales sacrificados adolecía de enfermedades físicas que comprometían su vida, ni alteraciones en el comportamiento que pusieran en peligro la integridad física de propietarios terceros u otros animales, ni riesgo para la sanidad animal, ni orden de la autoridad al respecto, requisitos previos todos ellos para poder practicar la eutanasia a los animales de compañía.

Prácticamente ninguno de los perros sacrificados superaba los cinco años y la esperanza de vida de los mismos oscila entre los 10 y los 14 años. “La única justificación para su muerte era la inutilidad en la práctica de la caza”, según las conclusiones de la Fiscalía.

A los propietarios de los perros sacrificados y también encausados les cobraba por cada actuación unos 15 euros, cuando para realizar esta práctica sin soportar pérdidas económicas el precio no debe bajar de los 40, por lo que el objetivo era “fidelizar o incluso aumentar la clientela”.

La veterinaria no cumplía con la obligación de constatar esta actuación en la ficha clínica concreta del animal en cuestión, “no en vano ella conocía perfectamente la ilegalidad de la misma”, dice el Ministerio Público, y hacía constar en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura que estos animales morían a causa de accidentes o enfermedades, “ocultando le verdadera razón de la inutilidad para la caza”.

Llegó a certificar que distintas muertes de perros de un mismo propietario ocurrían el mismo día.

La protectora El Refugio, que está personada en esta causa, ha informado este jueves de que está inmersa en más de cien procedimientos penales, civiles y administrativos en diferentes comunidades autónomas, informa Efe.