La marea de las batas blancas

Sin poder dar ni mucho menos la pandemia por acabada, 2022 ha sido el año en el que por fin los ciudadanos han dejado de estar pendientes diariamente de las tremendas cifras que la covid-19 ha dejado a su paso (incidencia, fallecidos, ingresos hospitalarios...) y en el que se ha relajado el uso de la mascarilla hasta convertirse en una compañera de nuestros desplazamientos y de las visitas a centros y establecimientos sanitarios.

Sin embargo, el tremendo esfuerzo realizado por los profesionales de la salud a lo largo de estos tres años ha abierto una enorme herida por la que han salido a borbotones los problemas (nuevos y antiguos) y carencias que arrastran los profesionales de Atención Primaria en nuestro país, y que se han materializado en huelgas y manifestaciones por todo el territorio nacional.

Mucho se ha hablado de la Comunidad de Madrid, y han sido numerosas las críticas a su modelo sanitario, pero lo cierto es que la precariedad, la falta de profesionales y la gestión ineficiente son comunes en la mayor parte de España.

La primera en llamar a la huelga a sus profesionales de Atención Primaria fue Cantabria el pasado 7 de noviembre, y el conflicto se cerró el 17 de ese mes tras un acuerdo del Sindicato Médico y la consejería de Sanidad. No obstante, los médicos y el personal de enfermería han anunciado que podrían volver de nuevo a los paros si no se cumple lo pactado.

Después de un mes de huelga indefinida, los profesionales de Madrid han decidido suspenderla hasta el próximo 11 de enero. El sindicato Amyts, promotor de los paros, ha rechazado que la prolongación de los mismos se haya debido a una razón política. Entre sus reivindicaciones se encuentran un mínimo de diez minutos de atención a cada paciente, la limitación de las agendas y una mejora de las condiciones laborales.

Lo cierto es que estas movilizaciones han provocado un «efecto llamada» en otras comunidades autónomas, y regiones como Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Navarra y País Vasco han anunciado ya huelga general de sus facultativos o están pendientes de fijar una fecha.

Las llamadas de alerta y el hartazgo en Atención Primaria no son nuevos, y muchos de los problemas que ahora atraviesa el sistema se originaron años antes de la llegada de la pandemia, que ha actuado de catalizador. Una de las principales deficiencias es la falta de médicos, que pasa por ampliar las plazas MIR, aunque esta solución es a largo plazo, ya que los doctores tardan 10 años en formarse. Esta cuestión se ha visto agravada por la fuga de profesionales jóvenes a otros países, normalmente a otros estados europeos, donde encuentran mejores condiciones laborales. Otra de las grandes amenazas en este sentido es la pérdida de médicos que alcanzan la edad de jubilación, ya que según un informe del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada nuestro país perderá alrededor de 80.000 profesionales en los próximos 10 años.

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad ha hecho una propuesta para aliviar la carencia de facultativos, en este caso de médicos de familia y pediatras, que consiste en que puedan seguir trabajando a media jornada tras jubilarse y cobrar hasta el 75% de la pensión.

Para completar todas estas carencias hay que añadir también la desmotivación de los profesionales, que se lamentan de excesiva burocratización de sus funciones (tramitación de las altas y bajas laborales...), que les ocupa gran parte de su tiempo y les aleja de su labor: la atención a los pacientes y sus patologías.