Aumenta la tensión en la sanidad por la ley del medicamento

Mientras el Ministerio de Sanidad se engaña defendiendo que "solo un artículo y medio» de la reforma propuesta de la ley del medicamento (actualmente denominada Ley de los Medicamentos por incluir también los fármacos veterinarios) ha levantado «las críticas y dudas de una parte del sector", más colectivos se han posicionado en contra durante esta última semana.

A la industria farmacéutica "en bloque", la distribución, los farmacéuticos comunitarios, los colegios profesionales, los sindicatos médicos y el Foro de la Profesión Médica se han sumado la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), los médicos rehabilitadores y la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).

Todos ellos han informado de que presentarán alegaciones a la regulación, que se aprobó en primera ronda en el Consejo de Ministros el pasado 8 de abril y que está abierta a consulta pública hasta el 30 del mismo mes.

El tema más conflictivo –que no el único polémico– se recoge en el artículo 116, y es el sistema de precios seleccionados, que sustituiría al actual de precios de referencia. Los agentes del sector lo consideran "agresivo", "puramente economicista", "un freno a la innovación" y "perjudicial para la calidad asistencial", entre otros calificativos.

Desde la POP, destacan que el anteproyecto "impacta directamente en los pacientes que más necesitan garantizar el acceso a sus tratamientos en condiciones de equidad. Es fundamental que esta normativa responda a las necesidades reales de los pacientes, ofreciendo tratamientos más eficaces, seguros y adaptados a cada situación". Sumándose a las principales preocupaciones del sector, destacan que "no podemos permitir que se añadan nuevas capas de complejidad a los problemas ya existentes, como los desabastecimientos de medicamentos y otros productos sanitarios, que afectan especialmente a las personas con enfermedades crónicas".

Además, la Plataforma que preside Carina Escobar alerta de que el anteproyecto, al estar centrado "en criterios de ahorro económico", no contempla "medidas más flexibles que garanticen el acceso efectivo a los medicamentos".

Cermi, por su parte, señala el "escaso nivel de diálogo" mantenido por Sanidad con los grupos de interés , como el de las personas con discapacidad y sus familias, en la preparación del anteproyecto, que, a su juicio, "se evidencia en lo insatisfactorio de muchos de sus contenidos" que "olvidan o desconsideran" a este grupo de población, que precisa de un "mayor grado de acción positiva" desde las políticas de farmacia, medicamentos y productos sanitarios.

Exenciones para vulnerables

Así lo han planteado en sus alegaciones al anteproyecto, donde también destacan como "absolutamente esencial" que las exenciones totales o parciales vigentes ahora mismo en el pago de medicamentos y productos sanitarios "se extiendan a más segmentos de las personas con discapacidad".

Otro de los temas que más críticas ha suscitado ha sido la ampliación de las competencias de prescripción a enfermeros y fisioterapeutas y la sustitución de medicamentos por parte de los farmacéuticos en situaciones de desabastecimiento.

En esta línea, la SemFYC ha señalado que esta nueva estructura que se plantea "tiene que realizarse bajo un análisis riguroso de su impacto clínico, legal y organizativo dadas las implicaciones en la salud de las personas".

Además, ha recordado, tal y como hicieron previamente otras sociedades de Primaria como Semergen, y el Foro de la Profesión Médica, que "la prescripción es un acto clínico complejo que implica diagnóstico, indicación, seguimiento y ajuste terapéutico, y que conlleva una responsabilidad directa sobre todos los efectos del tratamiento" por lo que, en sus alegaciones, ha pedido a Sanidad que "el articulado final mantenga y ratifique el liderazgo clínico de la prescripción por parte de las y los especialistas en medicina»"

Los médicos rehabilitadores, representados en la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (Sermef) mostraron también su oposición al anteproyecto la semana pasada, destacando que el articulado actual "trivializa el acto médico de la prescripción" y que "podría comprometer gravemente la calidad asistencial prestada a las personas con discapacidad o con patologías potencialmente discapacitantes".

Pérdidas millonarias

FEFE, por su parte, ha manifestado en estos días su defensa de las tesis de la industria farmacéutica y ha alertado de que la implantación de los precios seleccionados, tal como está planteada, "es inasumible" porque puede suponer "una merma de más de 800 millones de euros para el conjunto de la red farmacéutica", una cifra que consideran comprometería su viabilidad, "especialmente en las zonas rurales".

Desde la Federación, que representa a los empresarios con oficinas de farmacia, creen en "la posibilidad del diálogo" con el Ministerio de Sanidad y consideran que "aún hay margen para negociar", porque "si el Ministerio está dispuesto a hablar de cifras, entonces también hay que poner sobre la mesa los otros costes silenciosos que soportamos desde hace más de dos décadas".

Se refieren con ello a los "más de 600 millones de euros al año" en gravámenes que pesan sobre las farmacias por los Reales Decretos publicados desde el año 2000.

Mónica García suspende como ministra

El último barómetro del CIS sobre el nivel de popularidad de los ministros del Gobierno y el nivel de satisfacción que su labor suscita entre los españoles confirma la imagen que la ministra de Sanidad lleva meses labrándose, al menos ante los colectivos a los que afectan sus decisiones. Mónica García no llega al aprobado. Los participantes en el Barómetro le otorgan, de media, un 4,24, aunque la calificación se halla en la línea del resto de componentes del Consejo de Ministros. Además, sólo la mitad de los encuestados, el 52%, dice conocerla.

Con estas cifras, le resultará más que complicado tener éxito en su próxima misión: regresar a la política madrileña como representante de Más Madrid, partido del que es presidenta, para hacer oposición al candidato del PSOE, Óscar López, y a su archienemiga Isabel Diaz Ayuso. Una plaza perdida de antemano.