Las autonomías fuerzan a Sanidad a "mover ficha" para aumentar las plazas de sanitarios en Primaria

Aunque la situación de la Atención Primaria es muy diferente según la comunidad autónoma de que se trate, el sistema sanitario presenta unas graves deficiencias comunes, entre las que destaca sobre todo la falta de profesionales en esta especialidad. Tras la demanda planteada este viernes por varias regiones sobre la necesidad urgente de más profesionales para los centros de Salud, el Ministerio de Sanidad ha dado el visto bueno a reevaluar las condiciones de acreditación de las unidades docentes para poder incrementar el número de especialistas. La Unidad Docente es el conjunto de recursos personales y materiales que se consideran necesarios para impartir formación reglada en especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, según lo establecido en los programas oficiales de las distintas especialidades.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dado dos semanas a las comunidades para que envíen sus propuestas sobre los criterios que regirán la acreditación de las plazas, que posteriormente se analizarán en una Comisión de Recursos Humanos que convocará en el plazo de dos semanas.

Además, Sanidad se ha comprometido a buscar fórmulas para garantizar que los nuevos MIR puedan trabajar este verano. Según informó LA RAZÓN el pasado 23 de enero, médicos alertaban de un importante déficit de profesionales en la época estival, que es especialmente sensible a las necesidades de recursos humanos, por un desfase en la finalización del periodo formativo. En años anteriores, tanto el inicio como el fin del periodo formativo se producía a finales de mayo, momento en el que los residentes se incorporan al sistema sanitario, pero este año el plazo se va a alargar debido al retraso en la asignación de las plazas MIR en 2020 a consecuencia de la pandemia. Este hecho llevará a que más de 5.700 profesionales no se incorporen al sistema hasta después del verano, según ha señalado la Organización Médico Colegial (OMC) en un informe, lo que provocará un gran agujero asistencial en las comunidades autónomas.

Hasta el momento el Ministerio de Sanidad no había buscado fórmulas para solucionar este grave problema. De hecho, este mismo viernes la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) indica en un comunicado que "Sanidad ha admitido la imposibilidad de que finalice (el periodo de residencia) antes de lo previsto", ya que es "una opción que está blindada por la normativa", indica el documento.

Sin embargo, las protestas llevadas a cabo por las comunidades del Partido Popular han llevado al departamento que dirige Mónica García a dar marcha atrás.

Así lo han avanzado los consejeros de Sanidad de Madrid, Castilla y León y Aragón al finalizar la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada hoy, del que han salido "satisfechos" con este y otros compromisos que han "arrancado" a la ministra, informa Efe.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez ha indicado que "lo que ha centrado el debate" ha sido el asunto de los recursos humanos, porque "está claro" que todas las comunidades tienen "un grave problema, un problema de Estado, que es la falta de médicos especialistas en Atención Primaria".

Y para poder aumentar el número de especialistas, es necesario "flexibilizar" las condiciones de acreditación de las plazas para paliar "el grave problema" que existe a día de hoy.

Durante la reunión, Sanidad se ha comprometido a "dirigir" lo que va a ocurrir en el verano con los médicos internos residentes (MIR) que empezaron su periodo de formación en 2020 y que finalizan este año. Debido a la pandemia, comenzaron en septiembre en lugar de en junio.

"Por mor de la pandemia, estos MIR tienen que prolongar su actividad como residentes, y se ha quedado en que, de modo conjunto y dirigido por el Ministerio, se van a poner en marcha las condiciones para que los médicos presten atención durante el verano", ha adelantado el consejero de Castilla y León.

Así, según Vázquez, se ha "pactado" que no se van a modificar las condiciones docentes; es decir, "no se va a adelantar el término del MIR para no perder la calidad docente. "Sin embargo, sí que hay algunas condiciones dentro de los programas formativos que queremos que el Ministerio ponga encima de la mesa y permita que lo hagamos a todas las comunidades de modo homogéneo", ha expresado.

"A partir de ahí, vamos a trabajar precisamente para permitir que tengamos a más residentes de familia y otras especialidades formándose con nosotros", ha celebrado la consejera madrileña, Fátima Matute, quien ha añadido que las autonomías también se llevan el compromiso del Ministerio de que "haya una mayor inversión del Producto Interior Bruto para Sanidad".

El consejero de Aragón, José Luis Bancalero, por su parte, ha aclarado que, "con el respaldo del Ministerio", los médicos residentes "van a participar del ámbito asistencial directo, con autonomía", y esto "puede llevar un complemento económico".

La normativa permite, gracias al grado de autonomía que deben de tener ya en el último año de especialidad, el que "puedan trabajar con cien por cien de autonomía" y que "no tengan que estar pegados al tutor" para ejercer la actividad asistencial, como ocurre en los hospitales. De esta forma, se encontrará "un desahogo a la hora de planificar lo que será la asistencia sanitaria este próximo verano", ha concluido.

El ambiente previo a la reunión de hoy estaba "caldeado" porque una cuestión tan decisiva para Atención Primaria no se había incluido en la orden del día del Consejo Interterritorial. Además, la Comunidad de Madrid ha denunciado el "trato desigual" por parte de Sanidad, al reunirse por separado con Cataluña y País Vasco de forma previa al pleno del CISNS. "No comprendemos el trato desigual entre CCAA reuniéndose de manera previa y abordando asuntos que atañen a este Consejo con regiones como Cataluña, pactando supuestamente unas condiciones especiales que rompen la solidaridad entre regiones o como hizo ayer mismo con la consejera del Gobierno vasco", ha denunciado Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.