Los centros 24 horas de violencia sexual se abrirán en 2024

Las comunidades autónomas tendrán un año más, hasta diciembre de 2024, para poner en marcha los centros de crisis de atención integral a las víctimas de violencia sexual después de que hayan acordado estirar el plazo con el Ministerio de Igualdad. La Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó hoy ampliar hasta el 31 de diciembre de 2024 la fecha límite para la apertura de estos centros, una petición de las regiones que se ha podido cumplir después de que la Comisión Europea haya aprobado una adenda al Plan de Recuperación de España, pues los centros se financian con fondos Next Generation.

Los gobiernos regionales dispondrán de un año más para ejecutar el proyecto de los servicios de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual. Los centros (debe haber uno en cada provincia, Ceuta y Melilla) tenían que haberse culminado a finales de 2023.

De hecho, alguna región va a cumplir el compromiso, como Cantabria (que lo abrió en junio), Navarra y Aragón (que lo harán próximamente), si bien son las menos. Madrid y Asturias ya contaban con sendos centros cuando se acordó la implantación territorial de este servicio de atención a las víctimas, pero construirán otros dos con los fondos recibidos.

Fuentes de Igualdad han explicado que fueron las comunidades autónomas las que solicitaron retrasar la fecha límite y que, aunque no es una buena noticia que las víctimas de violencias sexuales tengan que esperar un año más para una atención especializada, era imprescindible ampliar el plazo para que no se truncara el proyecto, pues un solo incumplimiento hubiera significado la devolución de todo el componente 22 de los fondos europeos.

Las mismas fuentes han aclarado Efe que el retraso no se justifica con «falta de voluntad política», pues el contexto de inflación y de la guerra de Ucrania ha tenido un impacto en suministros y transportes, y han añadido que Igualdad ha cumplido «normativa y financieramente» con su parte.

Desde 2021, las comunidades autónomas han recibido 83 millones de euros para la puesta en marcha de estos centros, diseñados para ofrecer una atención integral a las víctimas de violencia sexual mayores de 16 años.

En la Conferencia Sectorial, Igualdad también ha informado a las comunidades autónomas de las conclusiones de los seis comités de crisis en los que se ha abordado la concentración de feminicidios, siendo la principal de ellas que la mayoría de las mujeres asesinadas se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

Entre las medidas que deberían adoptarse para mejorar la respuesta del Estado frente a la violencia de género está reforzar los servicios de mediación con víctimas migrantes así como el enfoque de género en los profesionales que atienden a las mujeres o ampliar la protección cuando no existen medidas judiciales o policiales o cuando retiren la denuncia. También aumentar la sensibilización social sobre esta dramática realidad.