La mitad de las personas con discapacidad que residen en áreas rurales españolas sufre soledad no deseada, según un informe del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). El estudio arroja una imagen preocupante, marcada por el aislamiento, la desigualdad y una vulnerabilidad estructural.

Se estima que más de un millón de personas con discapacidad viven en municipios de baja densidad poblacional. Para muchas de ellas, habitar el entorno rural implica enfrentarse no solo a barreras físicas, sino también a limitaciones educativas, laborales, tecnológicas y de movilidad.

Aislamiento rural y brechas sociales

Los datos del informe son contundentes: apenas el 24,3 % cuenta con empleo, y solo el 11,8 % ha accedido a estudios superiores. El 45,5 % de este colectivo tiene serias dificultades para desplazarse, y un 40,5% padece brechas tecnológicas que limitan su acceso a servicios digitales y canales de comunicación.

Esta combinación de obstáculos configura un escenario de vulnerabilidad persistente, donde el lugar de residencia se convierte en un factor determinante para la calidad de vida y la integración social.

Políticas inclusivas: una urgencia que no puede esperar

Ante esta realidad, el CERMI reclama la implantación urgente de una estrategia de desarrollo rural inclusivo, que garantice servicios de proximidad, transporte accesible y políticas públicas con enfoque de género y discapacidad.

Luis Cayo Pérez, presidente del comité, ha sido tajante: “Vivir en el medio rural se ha convertido en un castigo adicional para las personas con discapacidad”. Su declaración evidencia el sentimiento de abandono y la urgencia de una intervención estructural que reconozca esta discriminación y promueva soluciones duraderas.