Las comunidades deben 1.000 millones a las universidades

MADRID- Las comunidades autónomas deben a las universidades públicas españolas un total de 1.061.177,5 millones de euros, mientras que a las farmacias un total de 797,82 millones de euros, según se desprende de la memoria de impacto normativo del decreto ley de Medidas Urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, informa Ep. Este documento fue aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros y busca «poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable y el periodo medio de pagos».

En materia de universidades, la comunidad que mayor deuda concentra es Andalucía, con 500 millones de euros, seguida de Cataluña, con 226 millones, y la Comunidad Valenciana, con otros 208 millones. Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja tienen saneadas sus cuentas con las universidades públicas.

En el caso de las farmacias, la Comunidad Valenciana es la región con mayor deuda (191 millones), seguida de Cataluña (169 millones), Murcia (125 millones) y País Vasco, (123 millones). Asturias y Castilla-La Mancha son las únicas regiones que no tienen ninguna factura impagada a sus farmacias.

Estas facturas serán incluidas en la «tercera y última» fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos, que en cualquier caso, «no supondrán un incremento de gasto público ni tendrán incidencia sobre el déficit público» porque se articularán como una mera transformación de deuda comercial ya reconocida en deuda financiera. Tal y como adelantó LA RAZÓN, para poder acceder al cobro, el requisito imprescindible es presentar la factura que justifica el impago, a diferencia de la regularización de la deuda que se realizó en 2012 que liquidó la deuda reconocida y la real.

El Gobierno prevé una demanda «máxima» de 19.350 millones de euros, de los que 15.324 corresponderán a las comunidades – excluyendo la deuda con ayuntamientos, que «quedará incluida en proveedores de entidades locales»– Los 4.017 millones restantes serán para la deuda de las administraciones municipales.