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El cierre de Garoña podría costar 1.000 millones

El Gobierno anuncia el fin de la central nuclear. Su desmantelamiento puede prolongarse hasta el año 2034.

  • El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, durante la rueda de prensa ofrecida hoy en Madrid.
    El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, durante la rueda de prensa ofrecida hoy en Madrid. / Efe
Madrid/Valladolid.

Tiempo de lectura 4 min.

02 de agosto de 2017. 00:06h

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J. V. Echagüe/ R. Mata.  Madrid/Valladolid. 1/8/2017

Garoña echa definitivamente el cierre. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció ayer la «denegación» del Gobierno respecto a la continuidad de esta central nuclear, la que más años lleva operando en España –desde 1971– y cuyo reactor estaba parado desde diciembre de 2012, ¿El motivo? Que «las circunstancias actuales», en las que la continuidad de la central cuenta con la oposición del resto de fuerzas políticas, han constituido un «elemento de presión» a la hora de tomar la decisión final. De hecho, reconoció que la postura del Gobierno habría sido «diferente» de haber contado con mayoría absoluta. Así, aseguró que esta decisión no se puede extrapolar al resto de centrales, por lo que la apuesta del Ejecutivo por la energía nuclear sigue intacta. Actualmente, hay cinco centrales nucleares operativas en España.

Según fuentes del sector, el desmantelamiento, que puede prolongarse hasta el año 2034, podría tener un coste de entre 600 y 1.000 millones de euros. Y es que, «debido a los escasos ejemplos de desmantelamientos de plantas nucleares, es muy difícil hacer una estimación concreta», añaden. En ningún caso la cifra sería inferior a 500 millones. Con todo, Nadal aseguró el cierre tendrá un impacto «nulo» en el precio de la electricidad.

La decisión estaba en manos del Gobierno y ha sido tomada una semana antes del plazo de seis meses establecido, después de que, en febrero, un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) diera el visto bueno para que la central burgalesa volviera a operar, debido a que cumplía con todas las normas de seguridad. Posteriormente, en abril, Iberdrola y Endesa, empresas que conforman Nuclenor, propietaria de la central, mostraron su desacuerdo sobre el futuro de Garoña. Iberdrola aseguró entonces que la continuidad de la planta era «económicamente inviable», debido a que las mejoras técnicas de la seguridad, obligatorias tras el incidente de 2011 en Fukushima (Japón) requerían una nueva inversión de 205 millones de euros. Además, en estos cinco años, han acumulado pérdidas de 360 millones. Por su parte, Endesa era partidaria de esperar el dictamen del Gobierno. Así, Iberdrola valoró la decisión del Ejecutivo como «coherente», mientras que Endesa «respeta y asume» el cierre.

El desmantelamiento se llevará a cabo en un plazo de entre 13 y 16 años. Según fuentes del sector, será en dos fases: una de «predesmantelamiento», de seis años, en la que se desmontarían las oficinas y otras infraestructuras; y otra de diez años, centrada en desmantelar la vasija nuclear. Esta última correrá a cargo de Enresa, la empresa pública de gestión de residuos radiactivos.

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos celebraron ayer la decisión. No así la Junta de Castilla y León. Su vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció que el presidente Juan Vicente Herrera ha exigido, a través de una carta dirigida a Mariano Rajoy, que el Gobierno lidere un plan de reindustrialización de la zona. En la misiva pide «la definición, presentación y desarrollo urgente» de dicho proyecto, «que ofrezca alternativas posibles y viables para la generación de riqueza y empleo en ella». Para el Gobierno de Castilla y León el cierre de Garoña es un «error histórico», del que alguien «con el paso del tiempo se arrepentirá y nos dará la razón», explicó De Santiago-Juárez. «La Junta tiene la sensación de haberse quedado sola como en Fuenteovejuna: todos a una pero frente a Garoña», aseguró De Santiago-Juá rez. En este sentido, Nadal afirmó que se activará un plan de reactivación para los 14 municipios afectados, que perciben unos 2,5 millones de euros anuales en concepto de impuestos, IBI, etc. Raquel González, alcaldesa de Valle de Tobalina, el principal municipio afectado, reconoció a LA RAZÓN su «sorpresa por la decisión», y añadió que enviarán al Gobierno un plan para fomentar la actividad económica.

En total, son 400 trabajadores y sus familias los afectados, lo que supone en torno a 1.000 personas. Nadal aseguró que «tienen el futuro garantizado» gracias a la activación de un plan social.

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