El Gobierno facilitará la orientación familiar para evitar divorcios

El Gobierno potenciará los servicios de orientación y de mediación familiar en los casos de rupturas familiares. Así se desprende del borrador del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2014-2017, adelantado ayer por LA RAZÓN. Concretamente, el texto afirma que parece «necesario prestar una atención especial y prioritaria a familias en situación de conflicto» o en «riesgo de que éste se produzca». Por ello, la intención es «contribuir a la prevención de las rupturas familiares» y «amortiguar los efectos en los casos en que éstas tengan lugar», mediante «intervenciones» de orientación y mediación familiar. Todo con el objetivo de dar con la «mejor solución para el bienestar de la familia y de los hijos».

Así, uno de los puntos incide en la necesidad de «potenciar los servicios de apoyo social, psicológico y jurídico a familias en situación de dificultad o conflicto», a través de herramientas como la orientación y la mediación. Así, en el apartado 203 se busca «promover en el ámbito autonómico y local el desarrollo» de estos servicios, así como los «puntos de encuentro familiar». Asimismo, se busca la realización de programas de promoción de «relaciones familiares saludables mediante la prevención y gestión de la conflictividad familiar», gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Hay que recordar, tal como ha señalado el Instituto de Política Familiar (IPF), que en nuestro país se rompe un matrimonio cada 4,7 minutos y que se han superado las 2,1 millones de rupturas desde 1981.

Los expertos inciden en que hay que diferenciar la orientación de la mediación familiar. La orientación englobaría aquellas acciones dirigidas a prevenir la ruptura, mientras que la mediación trataría de minimizar las consecuencias una vez ya consumada. Así, ¿cuáles son las alternativas para un matrimonio que atraviese una crisis? En España suele hablarse de los Centros de Orientación Familiar (COF). Sin embargo, se trata de una definición «muy amplia y genérica», explica Carlos Alonso de Velasco, presidente del Instituto de Estudios Familiares (Idefa). Así, estos servicios de orientación han surgido en nuestro país a partir de «iniciativas particulares» que «no han contado con ayuda pública». Entre otras labores, estas asociaciones ofrecen la posibilidad de impartir cursos en colegios destinados tanto a resolver conflictos existentes entre los progenitores y sus hijos como los que pueden surgir entre la propia pareja.

De hecho, asociaciones como Idefa tienen el objetivo de «evitar la ruptura». Así, esta agrupación cuenta con un «método muy definido» para los matrimonios que atraviesen una crisis: se discute el caso con la pareja, hay un intercambio de impresiones, se celebra una reunión con otros matrimonios y un moderador imparte unas pautas generales. En casos más graves, se acaba derivando al matrimonio a un experto, como un psiquiatra o un psicólogo.

«La medida es positiva, pero es necesario concretarla y darle forma», explica a este diario Esteban Noguer, director gerente de la Asociación Española de Orientadores y Mediadores Familiares. Noguer señala que en nuestro país «no hay tradición» en lo que se refiere a la orientación. «En España no se ha entendido que el orientador puede entrar en estos conflictos para solucionarlos», afirma, y añade que este tipo de servicios «ya han sido recomendados por la ONU» desde hace tiempo.

¿En qué consiste la labor del orientador? Noguer explica que «debe aportar herramientas a la pareja para que encuentre el modo de solucionar su conflicto». Por ejemplo, «explicarles en qué consiste el matrimonio, lo que es un proyecto en común... Se trata de que abran los ojos a la realidad». Así, «es cuestión de paciencia, trabajo, tesón y muchas ganas», asegura. Y en cuanto a la efectividad de la terapia, por su experiencia, puede decir que es «alta».

La psicóloga y mediadora María Luisa Baranda explica que en ocasiones hay confusión al «mezclar» el concepto de orientación con el de mediación. «La mediación se realiza cuando la ruptura se va a producir y la decisión ya está tomada. Se trata de prever que, tras el divorcio, no surjan conflictos familiares», dice. O lo que es lo mismo: lograr que la ruptura sea amistosa. Estos servicios, dice, se llevan a cabo «en todas las comunidades autónomas». Además, muchos ayuntamientos también se ocupan de dispensarlos. Sin embargo, sí que es cierto «que no llegan a todo el mundo, y no todos saben» que lo tienen a su disposición. Por otro lado, Baranda explica que hay «abogados a los que no les interesa llegar a acuerdos, sino mantener los conflictos». En su opinión, estos profesionales «no deberían ejercer el Derecho de Familia». Sin embargo, también es verdad que «los jueces de familia cada vez están más concienciados» en este sentido, ejerciendo incluso de mediadores.

Por otro lado, ayer se produjeron reacciones al borrador del plan de familia. Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, señaló que «agradece el interés» por los hogares que se desprende del texto, pero considera que, a día de hoy, «todo se queda en una serie de buenas intenciones, como un programa electoral». Y es que del Gobierno «esperan compromisos presupuestarios y medidas ejecutivas», por lo que la redacción de un plan queda «como un instrumento muy pobre» y que no genera «grandes expectativas».

Desde Family Watch, su directora general, María José Olesti, cree que el texto puede ser «un gran paso y muy bien encaminado», sobre todo tras la inclusión de una cuantía presupuestaria de 5.526 millones de euros en las seis líneas de actuación del plan.

Mientras, fuentes de la Federación Española de Familias Numerosas señalan que se encuentran «a la expectativa» de cómo se va a repartir este presupuesto entre las más de 225 medidas que contempla el plan, así como los «plazos» que se van a seguir para su implantación. En todo caso, en la federación se muestran satisfechos después de que «se hayan incluido» varias de sus peticiones, muchas de ellas contempladas en la reforma fiscal aprobada el pasado junio.

Las leyes medirán su impacto familiar

Otra de las conclusiones del texto, que podría empezar a ser implantado a partir del año que viene, es la inclusión de la «perspectiva de familia» en todas las actuaciones políticas y programas, de forma que las familias sean «tenidas en cuenta de manera transversal en todos los ámbitos». Por ejemplo, todos los proyectos de ley y reglamentos que se aprueben incorporarán un informe sobre su «impacto sobre la familia». Se trata de una medida similar a la adoptada por el Ayuntamiento de Alcorcón, donde se priorizan aquellas normativas que tienen en cuenta en primer lugar a los hogares.