"Aquí hubo dos asesinatos, una muerte por intoxicación, hubo machetazos, hubo miedo", explica una okupa del conocido como bloque del terror en San Blas. Hace unos meses en este lugaragentes de la Policía Nacional detuvieron a once personas por participar en una reyerta con armas blancas. Tras una inspección posterior, los agentes hallaron un cuchillo de cocina, un cúter y un martillo, los cuales fueron incautados.

Sin embargo, explican que eso ha cambiado: "Esa gente ya no está. Nos quedamos los que solo queremos vivir en paz y salir adelante", afirmaba una de las okupas a 'Gran Madrid', que ha publicado novedades sobre este temido bloque en el que incluso se realquilan pisos de forma ilegal. En el interior del hotel sigue habiendo cerca de 200 familias, todas ellas con el futuro en el aire ante los desahucios judiciales y las intervenciones policiales.

El motivo por el que se busca el desalojo

Recientemente se realizó una subasta pública de la propiedad y acabó con la propiedad fragmentada en tres partes, además de los okupas. Los nuevos titulares intentan unificar criterios y conseguir un desalojo pacífico del edificio para poder comenzar la nueva etapa y amortizar su inversión. Para ello, supuestamente se han realizado ofertas a los okupas de entre10.000 y 15.000 euros por vivienda. Sin embargo, los okupas niegan que haya propuesta en firme: "Llegaron en abril con carpetas bajo el brazo y una propuesta, pero nunca nos dieron ni un borrador, ni un acuerdo firmado".

En busca de "una solución amistosa"

La situación todavía no se ha definido y los okupas han acudido a los juzgados para frenar los desahucios, según revela el mencionado medio. Su estrategia es clara:"No intervención policial hasta que se resuelva el contrato de compra". No lo han hecho sin pruebas, ya que cuentan con la firma del mediador de una de las tres empresas propietarias, que afirma que la negociación para lograr la salida voluntaria está cerca y por tanto se debe seguir buscando esa vía.

"Lo que buscamos es que el juez sea consciente de que hay una negociación en marcha y tenga en consideración que se frenen las actuaciones policiales", explican los okupas, que incluso han entregado una lista con nombres y datos oficiales para intentar mostrar su precariedad y la cercanía de las posturas entre ambas partes. Se busca un "acuerdo amistoso" y se define así a los okupas: "Familias vulnerables a las que estamos tratando de ayudar".

Los okupas, esperanzados

Los vecinos se autodefinen y muestran su predisposición: "Todos estamos dispuestos a salir de ahí. Y, como cualquier persona, si tenemos un problema, nos defendemos con la ley. No somos quinquilleros". También acudieron a la comisaría, lugar del que salieron contentos después de que los agentes "les transmitieran su voluntad de que el conflicto se resuelva con el menor coste social posible", algo que han recibido como una señal positiva.

El caso todavía no tiene escrito su capítulo final, pero los vecinos están luchando para que, cuando llegue el momento, no tengan que irse con las manos vacías y puedan tener un colchón para afrontar una nueva búsqueda de vivienda, esta vez incluso de forma completamente legal.