Una familia reclama 35.000 euros a un colegio de élite por el «sufrimiento» causado a su hija

«La menor peritada ha sufrido acoso vertical por parte de algunos de sus profesores, lo que ha provocado una situación de estrés agudo que ha desembocado en un Trastorno de Anorexia Nerviosa. La misma ha acusado un grave trastorno musculoesquelético del cual la paciente ha tardado más de un año en recuperarse parcialmente, presentando incapacidad parcial escolar y para las actividades de la vida diaria durante este periodo». Estas son las demoledoras conclusiones que el psiquiatra y experto en Medicina Legal y Forense José Cabrera ha extraído tras examinar a Mónica, una menor de 16 años que, presuntamente, sufrió acoso por parte de sus profesores hace dos años, cuando era alumna del British Council de Pozuelo de Alarcón. Por este motivo, la familia de la niña ha presentado una demanda civil contra la delegación en España de la Fundación British Council y cuatro docentes, entre ellos la directora del centro. La demanda fue admitida a trámite la pasada semana por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Pozuelo. La parte demandante reclama 35.489,02 euros «en resarcimiento de los daños y perjuicios que la menor ha padecido como consecuencia de la irregular –y a todas luces negligente– actuación del centro de enseñanza demandado y de sus docentes para con ella», tal y como recoge el escrito de demanda. En concreto, solicita una indemnización de 22.575 euros por el daño físico osteomuscular y el sufrimiento psicológico derivado de la anorexia nerviosa, y otros 12.913 euros por el trastorno adaptativo persistente o crónico.

Los hechos se remontan a 2022, cuando Mónica tenía solo 13 años. La menor informó a sus profesores de un gravísimo episodio de acoso escolar sufrido por una de sus mejores amigas. Sin embargo, tal y como relata su madre, la respuesta por parte del centro no fue la esperada, ya que tanto los docentes a los que acudió como la jefa de estudios del centro instaron a la niña a mirar hacia otro lado. «Como mi hija se negó a obviar las vejaciones sufridas por su amiga, comenzó a ser víctima de una campaña de acoso y derribo por parte del centro. Se llegó a amenazarla diciéndole cosas como ‘‘a lo mejor este colegio no es para ti’’ o ‘‘te podemos abrir un expediente por acoso y no vas a poder estudiar en ningún colegio de Inglaterra’’. Además, recibió peores calificaciones e, incluso, fue expulsada en dos ocasiones. Ella siempre ha sido una buena estudiante, con un comportamiento y un expediente excelentes, por lo que esta situación y la presión la llevaron a dejar de comer y dormir», lamenta su madre. En mayo de ese año, fue ingresada en la Unidad de Día del Hospital Quirón Pozuelo con una masa muscular del 16% y una descalcificación ósea tras perder más de 9 kilos. La situación llegó a tal extremo que, incluso, se temió por su vida, y el Orfidal se convirtió en parte de su día a día durante los dos meses que permaneció hospitalizada.

La demanda ahora admitida a trámite denuncia una «actitud discriminatoria y vejatoria utilizada por los codemandados con el fin de forzar el abandono del colegio por parte de la menor, no sin antes someterla a un grado de sufrimiento que provocó en ella graves daños físicos y psicológicos».

La familia recurre ahora a la vía civil después de que la Justicia archivara la causa penal sin haber practicado ni una sola diligencia. El motivo fue que al juez encargado de la instrucción se le «pasó» el plazo para prorrogar la investigación, que se vio paralizada en numerosas ocasiones debido a la huelga de funcionarios y letrados del año pasado. La familia presentó entonces ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso de apelación para reabrir el proceso, el cual fue desestimado no por falta de pruebas, sino porque los magistrados encargados de estudiar la apelación argumentaron que, transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor debe ineludiblemente dictar el auto de conclusión, ya que para adquirir la condición de imputados los querellados deben «ser oídos en los plazos procesales estipulados, por lo que, al haber precluido el tiempo de instrucción, no procede la toma de declaración a los mismos». No obstante, en el auto de resolución, paradójicamente, la sala reconoce los perjuicios que el mal funcionamiento administrativo causó a los querellantes y les invitó a exigir responsabilidades por ello.

La familia presentó, además, ante el Consejo General del Poder Judicial una queja por «la dejadez e inactividad del órgano judicial encabezado por el magistrado, quien, con su actuación, desamparó a una menor y a la sociedad, generando una indefensión absoluta a la víctima, a la cual no se ha molestado ni en escuchar». El juez alegó que las huelgas afectaron su trabajo, pero no dio ninguna explicación de por qué no dictó el auto para que la investigación continuara.

Por su parte, el British Council, a través de un comunicado, señala que «el bienestar y la protección de nuestros estudiantes son y siempre han sido nuestra prioridad. Son principios irrenunciables para el Colegio Británico y, como consecuencia de ello, nuestra política hacia el acoso escolar es de tolerancia cero. Cualquier preocupación por el bienestar de nuestros estudiantes, o posible caso, aunque no sea susceptible de afectar a la estabilidad personal y emocional de cualquiera de nuestros alumnos, siempre es investigado siguiendo nuestros procedimientos internos, de forma extremadamente cuidadosa y preservando ante todo la intimidad del menor».