Un progenitor con dos hijos a cargo será familia numerosa

El Gobierno solicitará la aprobación mediante tramitación de urgencia del proyecto de Ley de Familias, que ha recibido este martes el visto bueno del Consejo de Ministros. El texto, cuya redacción original corrió a cargo de Ione Belarra, antecesora de Pablo Bustinduy el frente del Ministerio de Derechos Sociales, pone el foco en reconocer las diferentes situaciones familiares, a las que busca otorgar una mayor protección social. De esta manera, la norma reconoce jurídicamente a modelos muy dispares de familias, como las monomarentales, las adoptivas, las reconstituidas, las familias LGTBI y las que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad, múltiples o acogedoras. El coste presupuestario estimado asciende a los 1.200 millones de euros.

La norma cambiará de nombre, ya no será de «familias numerosas», y a partir de ahora se conocerá como ley para «familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza», algo que rechazan las organizaciones que representan al colectivo. No obstante, fuentes de Derechos Sociales han asegurado que están abiertos a recuperar la denominación original durante el trámite parlamentario si este hecho ayuda a que cuente con mayor consenso en el Congreso, informa Efe. Además, se contempla que se introduzcan enmiendas para poder modificar el texto con medidas incorporadas en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.

Entre las novedades más destacadas a nivel general están el reconocimiento de derechos para las familias monoparentales, que se considerarán numerosas con dos hijos, además de contemplar ayudas a la conciliación. Con la nueva ley, la categoría especial de familias numerosas pasará de 5 a 4 hijos (o a 3 hijos en caso de parto múltiple). También pasarán a serlo aquellas con dos hijos en las que uno de los progenitores tenga un 33% de discapacidad, en lugar del 65% actual.

De este modo, el número de estas familias ascenderá a más de un millón, ya que se unen más de 300.000 hogares en los que hay un solo progenitor con dos hijos a cargo. Asimismo, se suman los hogares en los que el progenitor a la cabeza haya sido víctima de violencia de género, o un cónyuge que haya recibido la guardia y custodia en exclusividad pero sin pensión alimenticia, y aquellos con dos hijos en los que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya estado en prisión.

En el caso de sentencia de divorcio o separación, los dos progenitores disfrutarán del título de familia numerosa a la vez.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular del departamento de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha declarado que «es conocido que la política social, y especialmente lo que tiene que ver con la protección de las familias y de la infancia, ha sufrido tradicionalmente un déficit estructural de inversión pública en España, un déficit que se cifra aproximadamente en un punto porcentual del PIB en relación a la media europea, situación que además fue agravada por todos los recortes de la década pasada».

En su intervención, Bustinduy ha dado las gracias a Ione Belarra por impulsar este proyecto en la legislatura anterior. «Quiero empezar agradeciendo a mis antecesores, la ministra Belarra y el ministro Garzón. También a Nacho Álvarez y Rafael Escudero, que impulsaron estos proyectos en la legislatura pasada que tengo el honor de recoger», ha destacado.

Registro de parejas de hecho

La norma recoge también que las familias monoparentales tendrán prioridad a la hora de elegir colegios o para acceder a una vivienda protegida, entre otros. Respecto a las parejas de hecho, se creará un registro estatal y tendrán los mismos derechos que un matrimonio. Así, recibirán pensión de viudedad y quedarán recogidas en el acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos para los hijos e hijas a cargo en caso de disolución de la pareja de hecho.

«En definitiva, es una ley que va a afianzar una red de protección y apoyo a las familias y a la crianza, que dará cumplimiento al mandato del artículo 39 de la Constitución», ha dicho Bustinduy.

En paralelo a la nueva ley, en colaboración con el resto de administraciones públicas competentes, el Gobierno desarrollará un marco estatal de referencia para el acompañamiento y apoyo a «los primeros 1.000 días» para garantizar un buen comienzo en la vida a todas las niñas y los niños de nuestro país.

Dicho marco implicará medidas como el acceso a un sistema sanitario universal que contemple la evaluación de riesgos durante el embarazo y la atención temprana y detección de dificultades en el desarrollo, o el incremento progresivo de la oferta de las plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil para atender las solicitudes de escolarización de la población infantil desde cero a tres años.