Golpe a los conductores: el Gobierno podría vetar la circulación de estos coches diésel y de gasolina

El Ejecutivo español está avanzando hacia una transformación profunda del modelo de movilidad urbana. La futura Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en tramitación parlamentaria, promete cambiar radicalmente las normas de circulación en los entornos urbanos, especialmente para los propietarios de vehículos diésel y gasolina más antiguos (más de 10 años).

El principal objetivo es reforzar la lucha contra la contaminación y fomentar el uso de transportes menos nocivos para el medioambiente. Para ello, el Gobierno, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), proyecta una ampliación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que ya operan en las grandes ciudades, y que, antes de fin de año, se espera estén implantadas en más de 150 municipios de todo el país.

La norma prevé una revisión completa del actual sistema de etiquetas medioambientales de la DGT. En el plazo de un año, el Gobierno deberá actualizar los criterios para asignar los distintivos ECO y Cero Emisiones, con estándares más exigentes que los actuales.

Además, el Gobierno planea lanzar un nuevo Plan Renove, destinado a incentivar la renovación del parque automovilístico con vehículos eléctricos o híbridos, acompañado de una red ampliada de puntos de carga para este tipo de automóviles.

Municipios con más poder sancionador

Una de las novedades más destacadas de la ley es que los ayuntamientos podrán aplicar tasas adicionales o recargos a los vehículos más contaminantes según su nivel de emisiones o la etiqueta que porten. Estas tasas se implantarán de manera voluntaria y cada municipio decidirá cómo y cuándo aplicarlas.

Los coches con distintivo B y C de la DGT, que ya sufren limitaciones en determinadas zonas, podrían verse especialmente afectados. De aprobarse la ley en su forma actual, las nuevas tasas funcionarían como una herramienta fiscal para reducir la circulación en momentos de alta contaminación o en áreas concretas de las ciudades.

Nuevas multas y efectos sobre la movilidad

Con esta legislación, las multas por infringir las restricciones de las ZBE se endurecerán y se incorporarán como parte de las ordenanzas municipales. Los consistorios tendrán potestad para determinar los importes y condiciones, lo que podría derivar en diferencias notables entre ciudades.

La ley apuesta por ofrecer flexibilidad a las corporaciones locales, que podrán adaptar las medidas según sus necesidades medioambientales y de tráfico. Aun así, la previsión es clara: los vehículos diésel y gasolina de más de una década quedarán progresivamente relegados del espacio urbano.