Se hacían pasar por guardias civiles y estafaban a personas de avanzada edad

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que estafaba a personas de avanzada edad en situación de vulnerabilidad. Los agentes han detenido a 45 personas que se hacían pasar por trabajadores de la Administración (guardias civiles, empleados de juzgados, etcétera) que utilizaban placas emblema falsas para ganarse la confianza de las víctimas. La organización disponía de un listado de 12.894 personas de avanzada edad, que ya habían sido estafadas o iban a serlo próximamente, y que obtuvieron de empresas dedicadas a la venta a domicilio.

Los arrestados -a través de llamadas telefónicas o personándose en los domicilios- obtenían mediante pretextos o engaños toda la información bancaria de sus víctimas necesaria para operar con sus cuentas con total libertad. Los agentes han bloqueado 86 cuentas bancarias y han realizado 17 registros en los que han intervenido 46 teléfonos, cinco vehículos de alta gama, 300.000 euros en efectivo, 30 relojes de alta gama, 97.000 euros en billetes falsos y un arma de fuego, entre otros efectos.

La investigación se inició en agosto de 2022 cuando los agentes detectaron múltiples denuncias por todo el territorio nacional que, si bien no guardaban relación entre ellas, obedecían a un patrón de conducta delictiva similar. Gracias a las labores de coordinación de las bases de datos policiales, al poco tiempo se produjo un cruce de datos entre distintas plantillas que permitió acreditar la relación entre los hechos investigados y una misma organización criminal.

Contactaban por teléfono con personas de avanzada edad haciéndose pasar por empleados de la Administración –trabajadores de juzgados, Hacienda, o de la Guardia Civil-. Mediante estas llamadas engañaban a sus víctimas comunicándoles que había tenido lugar un juicio contra una entidad de crédito, a través de la cual habían financiado con anterioridad la compra de determinados bienes, y que el juez había fallado a su favor obligando a la entidad crediticia a devolverles el importe íntegro de dichas compras. Con el pretexto de poder completar las devoluciones, y alegando que era necesario para poder ingresarles el dinero que les correspondía, solicitaban telefónicamente toda la información bancaria que les permitiría operar con sus cuentas con total libertad.

En caso de que los arrestados no obtuvieran la información por teléfono, y una vez que se habían asegurado de que la víctima vivía sola, concertaban una cita para acudir a su domicilio. Cuando se personaban en la vivienda, mostraban placas emblema falsas para acreditar que eran funcionarios públicos, ganarse su confianza, y acceder al interior de la misma. A partir de ese momento, con cualquier pretexto o engaño y mediante el uso de técnicas de ingeniería social, conseguían la información bancaria necesaria. En algunas ocasiones, incluso portaban un datáfono y solicitaban a la víctima que introdujera su tarjeta bancaria y tecleara su número PIN para proceder a ingresarle la indemnización correspondiente. Hecho esto, aprovechaban una distracción -motivada por una llamada telefónica de otro miembro de la organización previamente planificada- para abandonar el domicilio con la tarjeta y con cualquier objeto de valor que estuviese a la vista. El perjuicio total asciende a más de 300.000 euros.

Los agentes analizaron el perfil de las víctimas y detectaron que había un patrón común que se repetía en todas ellas. Se trataba de personas de avanzada edad, que vivían solas en sus casas, y que habían realizado con anterioridad una compra de determinados bienes. Los investigados obtenían los listados de las víctimas de empresas dedicadas a la venta a domicilio. Las personas que trabajaban en dichas empresas captaban el interés de los clientes con supuestas ofertas y regalos. Asimismo, los abrumaban con información confusa e innecesariamente amplia para que terminasen firmando contratos por los que adquirían bienes a un precio superior a su valor de mercado. En ocasiones, las víctimas no disponían del dinero necesario para asumir la compra, por lo que firmaban un contrato con una financiera por el que se les concedía un préstamo con unos intereses muy elevados; esto les permitía pagar mes a mes los productos, generando una deuda que se prolongaba durante varios años.