«Hay más de 10.000 fuegos al año, el 55% provocados»

En su informe sobre incendios forestales de 2023 publicado en julio, la organización ecologista WWF España alertaba sobre el peligro de los incendios extremos e inapagables, que además suponen un riesgo para la población por su proximidad a los núcleos urbanos, como es el caso del de Tenerife. La experta en bosques e incendios forestales de la organización habla a LA RAZÓN sobre los mismos.

¿Cuándo empieza a hablarse de fuegos de sexta generación?

El modelo de las generaciones de incendios se planteó para explicar su evolución desde los años 60, cuando empiezan a producirse las primeras transformaciones en el medio rural. La sexta generación de incendios tiene que ver con el abandono de la gestión y con el cambio climático, y aunque este tipo de incendios ya los vimos hace unos 25 años en la península, en Cataluña, empezamos a preocuparnos más por ellos en 2017, tras los incendios de Chile y Portugal (Pedrograo Grande). Estos incendios liberan energías tan descomunales que son capaces de cambiar las condiciones meteorológicas, generar procesos convectivos y producir pirocúmulos, y tienen el potencial para quemar miles de hectáreas en pocas horas. Hace décadas, estas situaciones eran muy poco frecuentes, pero ahora los estamos viendo cada vez de manera más habitual, varios cada temporada. En cualquier caso, muchos de los incendios que venimos viendo en estos últimos años no llegan a ser de sexta generación, pero aún así son mucho más rápidos, intensos y agresivos que los de hace unas décadas. Y este es el verdadero problema de fondo: la creciente intensidad y peligrosidad de los megaincendios.

¿Qué características tiene el incendio de Tenerife?

No hace más que poner encima de la mesa otro ejemplo más de incendio monstruoso, con un comportamiento extremadamente agresivo por la suma de ingredientes que lo convierten en un cóctel explosivo (condiciones meteorológicas extremas, sequía, paisaje inflamable, orografía abrupta), con un enorme potencial destructivo que por desgracia cada vez estamos viendo con más frecuencia. Esta es la nueva realidad a la que nos enfrentamos, este tipo de incendios ha venido para quedarse y tenemos ya demasiados ejemplos a nivel global que se han tornado en tragedias humanas y que nos obligan a tomar medidas y a actuar. O abrimos los ojos a la realidad, o esta nos va a pasar por encima en cualquier momento.

¿Por qué son tan difíciles de apagar?

Es muy complejo abordar la extinción de este tipo de incendios por varios motivos: uno, porque son mucho más rápidos y tienen un comportamiento totalmente impredecible porque su propagación es errática. Pero además, liberan energías tan descomunales que hace totalmente imposible que los operativos puedan entrar en el incendio en condiciones de seguridad. Los bomberos forestales llevan un tiempo advirtiendo de que la capacidad de extinción se sitúa en una intensidad de 10.000 kilovatios de energía por metro cuadrado. Por encima de esta intensidad ellos no pueden hacer nada. Por ejemplo, el incendio de la Sierra de la Culebra del verano pasado fue de 90.000 kilovatios/m2. El de Pedrograo Grande, en Portugal, de 140.000 kilovatios/m2.Ante estos incendios, lo único que se puede desarrollar es una estrategia defensiva, establecer prioridades y defender lo que más te importa. Lo máximo a lo que puede aspirar el operativo de extinción es a dirigirlo hacia donde menos daño haga, y esperar a que cambien las condiciones meteorológicas.

La proximidad de los núcleos urbanos a las zonas de incendio de las que se habla en el informe es un fenómeno de los últimos años ¿Por qué se produce?

El aumento de zonas en las que el terreno forestal entra en contacto con áreas urbanas -la conocida como interfaz urbano-forestal- ha transformado lo que era un problema rural o ambiental en verdaderas emergencias de protección civil. Estos incendios comienzan a darse en los años 90, cuando empiezan a proliferar urbanizaciones y casas en zonas forestales y en los últimos años estos incendios son cada vez más peligrosos porque hemos llegado al máximo exponente de la ausencia generalizada de gestión forestal y de abandonos de usos y aprovechamientos en el medio rural. Hace unos años, la mayor parte de los pueblos estaban rodeados por huertas que los protegían en caso de incendio. Hoy, el éxodo rural hace que cada vez sea más fácil que los incendios entren dentro de los pueblos. Porque además, con carácter general no se cumple la normativa que obliga a municipios y urbanizaciones en zonas de interfaz a tener Planes de prevención y autoprotección que los proteja en caso de incendio. Es importantísimo que los habitantes en estas zonas sean conscientes de que son vulnerables, y que en gran parte, su seguridad también depende de ellos.

Su informe habla también de la importancia de centrar los esfuerzos no tanto en la extinción sino en la prevención. ¿Cómo?

España es uno de los países que más invierte per cápita en extinción lo que nos hace tener un dispositivo altamente eficaz. Sin embargo, la experiencia nos demuestra cómo ante los incendios extremos por más hidroaviones y mangueras que sumemos a los operativos no vamos a resolver el problema. Debemos seguir manteniendo el músculo de la extinción, formando y profesionalizando a los bomberos forestales, pero hoy en día existe consenso técnico y científico en que a corto plazo, la única estrategia eficaz consiste en adaptar el paisaje, gestionarlo para hacerlo menos inflamable. Diseñando paisajes en mosaico agroforestales, vivos y rentables en los que en caso de que la chispa salte, las llamas no pueden propagarse con facilidad. ¿Cómo son estos paisajes? Aquellos en los que hay pastos con usos ganaderos extensivos, pequeños cultivos, masas forestales que se gestionan y aprovechan, rodales en los que se hacen quemas prescritas– por supuesto bajo el paraguas de la sostenibilidad - con manchas de bosques autóctonos y conectados entre ellos… Digamos que es el opuesto a lo que tenemos en gran parte del territorio ibérico, donde el fuego corre con total libertad. Para que estos paisajes puedan ser una realidad, necesitamos potenciar un mundo rural vivo, con un sector primario de alto valor socioambiental y viable, que contribuya a generar regímenes de incendios más sostenibles. Y este es el gran reto. Ser capaces de gestionar y adaptar el territorio con múltiples objetivos: prevenir incendios, adaptación al cambio climático, conservación de la biodiversidad, generar empleo digno en las zonas rurales y contribuir al reto demográfico.

¿Qué porcentaje de los incendios cree que sería evitable ?

De media, al año se producen en España más de 10.000 siniestros y en un 95% de los casos la mano del hombre está detrás, bien por negligencia bien con toda la intencionalidad. Esta cifra es un auténtico despropósito para nuestro medio natural y para las arcas públicas. Y preocupa especialmente la altísima intencionalidad (55% del total) que demuestra que hay gravísimos conflictos sociales en el territorio que se resuelven a mecherazos. Es evidente que se deben invertir mayores esfuerzos y recursos a la prevención social que logre reducir contundentemente el número de siniestros así como promover el debido acompañamiento, seguimiento y control dinámico a las actividades en el medio rural.

¿Qué políticas cree que son las más urgentes que se deberían tomar contra los incendios? ¿Quiénes deben encabezarlas?

Necesitamos hacer ver a nuestros políticos y a la sociedad que los incendios del futuro no van a garantizar la seguridad. Ni al operativo ni a la población. Para evitarlo, las administraciones públicas tienen que promover medidas para impulsar la prevención a escala paisaje, para lo que lo más urgente sería:

· Desarrollar y aprobar una Estrategia Estatal de Prevención Integral de Incendios Forestales que ponga el foco en diversificar el territorio recreando paisajes más resistentes y resilientes, empezando por las zonas de alto riesgo de incendio (ZAR) a escala municipal, impulsar un censo de parcelas forestales abandonadas sin propietario conocido o regularizar el uso de quemas controladas.

· Establecer una política de fiscalidad verde basada en el principio de “quien contamina paga” y “quien conserva recibe” con bonificaciones fiscales o pago por servicios ambientales que estimulen la gestión forestal sostenible.

· Establecer una política de estado participada para el futuro de los pueblos mediante la reactivación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, con el objetivo de generar empleo digno y asegurar la calidad de vida en las zonas rurales. Debe ir acompañado de una reorientación de las ayudas de la PAC y de la aprobación de una Estrategia Estatal de Ganadería Extensiva para un sector primario de alto valor socioambiental, diverso y viable.