“Hay personas sordas que, dependiendo de dónde vivan, no tienen garantizado poder comunicarse en lengua de signos"

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) conmemora este jueves el 18º aniversario de la Ley 27/2007, una norma pionera que reconoció por primera vez en nuestro país la lengua de signos española y la lengua de signos catalana y que permite que a las personas sordas comunicarse sin barreras y participar en la sociedad en igualdad de condiciones.

A pesar de los avances logrados, la aplicación plena y homogénea de la Ley 27/2007 sigue siendo un desafío. Uno de los principales problemas radica en la desigualdad territorial, ya que la implantación de servicios y recursos varía significativamente entre comunidades autónomas, lo que genera importantes inequidades en el acceso a la comunicación y a los servicios públicos. A ello se suma la falta de financiación estable, pues muchos programas dependen de subvenciones temporales o insuficientes que dificultan su continuidad y eficacia.

“El texto legal es claro, pero la realidad no lo es tanto”, advierte el presidente de la CNSE, Roberto Suárez. “Hay personas sordas que, dependiendo del lugar donde vivan, no tienen garantizado su derecho a comunicarse en lengua de signos. Esa desigualdad es inaceptable y debe ser corregida”, ha manifestado.

Otro de los retos fundamentales es la escasez de intérpretes, tanto por la carencia de profesionales cualificados como por la ausencia de planes formativos oficiales que garanticen su preparación, lo que limita el acceso a la interpretación en ámbitos esenciales. También persisten carencias en el sistema educativo, donde aún existen obstáculos para garantizar una educación bilingüe de calidad en todas las etapas, con una presencia adecuada de profesorado sordo signante.

Finalmente, la escasa coordinación institucional constituye otro obstáculo relevante, ya que la falta de estrategias comunes entre ministerios, comunidades autónomas y entidades locales dificulta la implantación de políticas transversales y retrasa el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos por la ley.

En este sentido, la CNSE hace un llamamiento a las administraciones públicas para reforzar los recursos, garantizar la financiación, impulsar la formación y asegurar la accesibilidad comunicativa en todos los ámbitos. “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que hace 18 años: que todas las personas sordas podamos comunicarnos, decidir y vivir en libertad. Y eso requiere voluntad política, recursos estables y un compromiso institucional firme”, concluye su presidente.