La Iglesia se planta ante Bolaños: “Usa a las víctimas de abuso para su interés político”

Los obispos y los religiosos españoles se sienten “engañados y ninguneados” por el Gobierno. En estas dos legislaturas el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha generado no pocos roces con la Iglesia que hasta ahora se habían sorteado con “finezza” diplomática. Sin embargo, a prelados y consagrados parece habérseles agotado la paciencia. Tanto en la Conferencia Episcopal Española como en la Conferencia Española de la Religiosos (CONFER), las plataformas que aglutinan a los católicos de nuestro país, se ha experimentado una sensación de decepción y enfado “en grado mayúsculo” con Moncloa. Un malestar que se concentra en la persona del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que es el responsable de la relación con las confesiones religiosas. “El Ejecutivo insiste en utilizar a las víctimas: pone por delante su interés político que la solución al problema”, exponen desde la cúpula eclesial a LA RAZÓN.

¿El motivo? La estrategia que habría armado en estos últimos días el político socialista para deslegitimar el plan de reparación integral a las víctimas de abuso que la Iglesia tiene listo, que aprobará este martes en una Asamblea Plenaria Extraordinaria y que está previsto que se ponga en marcha en septiembre.

El Ministerio de la Presidencia ha convocado para mañana mismo una reunión de urgencia con las asociaciones de víctimas, a la vez que ha enviado una carta de amenaza al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, para que no aplique este plan eclesial. Bolaños expone en esa misiva que “no aceptará ninguna fórmula unilateral” para indemnizar a las víctimas de los casos prescritos que no contemple la supervisión y el control del Estado. Y es que, en estos últimos meses la Iglesia ha tomado las riendas de una de las mayores crisis de credibilidad que ha tenido la institución y ha pisado el acelerador para asumir su responsabilidad subsidiaria ante las víctimas.

Tras los diferentes informes que radiografiaban el alcance de esta lacra, obispos y religiosos han configurado una hoja de ruta que incluye la creación de una comisión independiente de expertos que determinará indemnizaciones económicas, así como atención psicológica y espiritual para los casos prescritos o con el abusador fallecido. Este organismo evaluador se adelantaría a un ente que también tendría previsto crear el Gobierno, dentro de una estrategia que presentó en abril y que hoy por hoy está sin concretar.

Desde hace meses, los obispos han hecho público que crearían esta comisión y, de la misma manera, han hecho partícipe a las víctimas, al Defensor del Pueblo y al propio Gobierno. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, a contrarreloj, cuando Moncloa reacciona con un ataque sin precedentes a la Iglesia.

De hecho, como explicó este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, existe una comisión técnica bilateral entre la Iglesia y Moncloa, donde se habían compartido las líneas generales de su hoja de ruta. El portavoz episcopal detalló que hay “líneas paralelas entre el plan del Gobierno y lo que nosotros proponemos”. “Más que excluyente, yo hablaría de una coordinación entre ambos planes”, enfatizó.

Frente a esto, ahora el Gobierno responde con una misiva cedida en exclusiva a El País y a la que también ha tenido acceso LA RAZÓN en la que tumba las intenciones eclesiales. Bolaños remarca que solo admitirá “un único sistema de reparación” que controle el Estado.

Con esta carta sobre la mesa, se entendería la convocatoria exprés realizada para mañana por parte de la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, a las asociaciones de víctimas, tan solo 24 horas antes de que los obispos celebren la Asamblea Plenaria Extraordinaria este martes para ratificar el plan de reparación conocido como PRIVA. Aunque no ha trascendido el motivo de la cita, es más que previsible que allí se advierta al colectivo de que la comisión creada por la Iglesia no tiene legitimidad ninguna. Algunas de estas asociaciones ya han expresado a LA RAZÓN cierto “desconcierto” por las prisas de Moncloa frente a la nula comunicación con ellas a lo largo de esta coyuntura.

En el seno de la Iglesia, el término desconcierto parece quedarse corto. “Una vez más, le hemos tendido la mano al Gobierno y, como ha sucedido en otras tantas ocasiones, sea en las inmatriculaciones o en materia educativa, nos la han vuelto a jugar”, relatan voces eclesiales. “No se puede confiar en quien responde al diálogo con deslealtad partidista, que aprovecha cualquier materia para presentar a la Iglesia como enemigo de la sociedad y adversario político”, critican sobre el proceder de Bolaños.

Es más, lamentan que desde el Ministerio de Presidencia elaboró su hoja de ruta de abril “sin contar con la Iglesia ni con el Defensor del Pueblo”, mientras que, tanto los obispos como los religiosos han buscado escuchar las voces de unos y de otros. En paralelo, desde la Conferencia Episcopal tacha al Gobierno de querer “asumir como monopolio la acción con las víctimas pretende impedir la respuesta de la Iglesia e imponer a la Iglesia una respuesta contraria al derecho, y llena de incertidumbres”.

En esta misma línea, se critica que el mismo Gobierno que “retrasa desde el año pasado la comparecencia del Defensor del Pueblo para explicar su informe, pretenda estar siguiendo sus recomendaciones y convoque de urgencia a las víctima”. “Es una muestra clara de oportunismo”, rematan desde la Conferencia Episcopal Española en conversación con LA RAZÓN.