En Venecia emerge un novedoso escenario de confrontación entre ciudadanos activistas y bandas de carteristas. Un colectivo denominado Cittadini non distratti (Ciudadanos sin distracciones) ha iniciado una campaña de identificación y documentación de delincuentes, generando una inesperada reacción legal por parte de los propios delincuentes. La estrategia de grabación y difusión de videos busca alertar a residentes y turistas sobre los riesgos de robo en la ciudad italiana, transformándose en un método de prevención ciudadana que desafía los límites jurídicos tradicionales.

Las autoridades locales se encuentran en una encrucijada legal, debatiendo sobre los alcances de la intervención ciudadana y la necesidad de establecer marcos normativos más precisos para abordar este fenómeno emergente de vigilantismo digital. La respuesta institucional ha sido diversa y compleja. Figuras como el alcalde Luigi Brugnaro han propuesto la creación de una nueva figura legal, similar a un juez de paz, con capacidad para imponer hasta 12 días de detención a delincuentes sorprendidos in fraganti.

Por otro lado, líderes regionales como Luca Zaia han sugerido soluciones innovadoras, como el uso de pulseras electrónicas financiadas por los municipios, mientras que otras voces demandan intervenciones más estructurales en el ámbito social y judicial. Mientras que el subsecretario de Justicia, Andrea Ostellari, ha planteado medidas más severas, particularmente dirigidas a familias que pudieran estar incitando a menores a delinquir, reconociendo la complejidad del fenómeno delictivo.

Los carteristas afirman sentirse "acosados"

La activista Monica Poli, conocida como "Lady Pickpocket", ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que los denunciantes se conviertan paradójicamente en los acusados, evidenciando la fragilidad del actual sistema de protección ciudadana.

Los carteristas han presentado denuncias argumentando acoso y stalking, utilizando el sistema legal como herramienta de defensa contra quienes los exponen públicamente. Esta estrategia revela los vacíos normativos existentes en la regulación de la intervención ciudadana. El comandante de policía Marco Agostini ha sido enfático al señalar que los ciudadanos no deben sustituir a las fuerzas del orden, marcando una línea divisoria entre la colaboración cívica y la usurpación de funciones policiales.

El conflicto ha sacado a la luz episodios de violencia preocupantes, incluyendo el uso de spray pimienta y robos durante eventos públicos, que han incrementado la sensación de inseguridad entre residentes y turistas. La iniciativa ciudadana se expande más allá de Venecia, sugiriendo que este fenómeno podría convertirse en una tendencia más amplia de autoprotección digital, lo que demanda una respuesta coordinada de las instituciones.