Los obispos, sin miedo a los dardos antiabusos de la Fiscalía

Que la Fiscalía investigue lo que haga falta, es su labor». Es la reacción de los obispos ante el dardo lanzado por parte de la Fiscalía General del Estado en su Memoria Anual que se dio a conocer el pasado jueves y en la que, por primer vez, se dedica un apartado específico para analizar el fenómeno de la pederastia eclesial. El informe no solo se detiene en recopilar cifras: 147 procedimientos abiertos –de los que 61 han sido tramitados en sede fiscal y 86 en sede judicial–; y 20 sentencias dictadas, de ellas 19 condenatorias, 2 con conformidad del acusado, mientras que una fue revocada finalmeente en apelación.

Al hilo de la cuestión, lanza algunas recomendaciones tales como la necesidad de revisar la posible solicitud de responsabilidad civil subsidiaria de la institución religiosa donde ha tenido lugar el abuso, valorar la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las entidades eclesiales donde se llevó a cabo la denuncia previa y determinar una indemnización en concepto de responsabilidad civil, que ha de integrar los daños morales y las lesiones psíquicas. Estas propuestas del Ministerio Público son fruto de la petición que hizo en febrero de 2022 a todas las fiscalías autonómicas para recopilar y analizar todas las denuncias en tramitación vinculadas a los abusos en el seno de la Iglesia.

«Todo lo que sirva para acabar con la lacra de los abusos, bienvenido sea», sentencian fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal que muestran su «sorpresa» por el hecho de que ahora y no antes la Fiscalía se muestre preocupada, dando a entender que detrás de esa llamada a juzgar a los encubridores estaría una supuesta acusación de opacidad en la actualidad por parte de los pastores y de los responsables de las congregaciones españolas.

Interpretaciones varias

«Si algo está fallando en esta materia no es por falta de voluntad de la Iglesia, sino porque desde los poderes públicos no se habrían puesto los medios ni se habrían tomado las decisiones que corresponde. Esperamos que se conciba más como una autocrítica que como un ataque a la Iglesia», relata un eclesiástico que trabaja diariamente en el complejo entramado canónico de la pederastia.

De hecho, lo cierto es que la propia Fiscalía reconoce en su memoria que tiene dificultad a la hora de dar cuenta de los procedimientos judiciales cometidos por religiosos al no estar registrados de manera específica los acusados por la profesión –es decir, detallar que son sacerdotes o religiosos– al que pertenecen en su sistema de aplicaciones de gestión procesal.

«El encubrimiento ya es delito, esto es, que no es que la Iglesia tenga algún privilegio o no se haya sentado en el banquillo de los acusados. Ya hay sentencias que condenan a diócesis y congregaciones como responsables subsidiarias en algunos casos, por dejación de funciones y no vigilancia cuando debía», defienden quienes siguen diariamente los casos desde los despachos de la calle Añastro, sede del Episcopado.

De la misma manera, afirman que también hay condenas canónicas dictadas en este mismo sentido. Eso sí, hoy por hoy, no habría ningún obispo encausado ni en ámbito canónico o civil por encubrimiento. Al menos así lo aseguró el pasado mes de junio, en su comparecencia más reciente ante los medios, el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán. En esa misma rueda de prensa, el también obispo auxiliar de Toledo reiteró que la Iglesia está inmersa en «un camino sincero y de transparencia» frente a esta lacra. «Toda aproximación a las vidas, a las personas, a esas historias de las víctimas implica entrar descalzos porque son tierra sagrada», añadió.

De ahí que no acaben de entender este nuevo zarpazo del Ministerio Público. Y aunque no lo expongan explícitamente y en voz alta, esta memorial anual ha generado cierto malestar. Hasta tal punto de valorar si fuera conveniente hacer un escrito público para responder al dardo lanzado por la Fiscalía. Sin embargo, finalmente se ha apostado por un perfil bajo.

«No queremos dar muestra alguna de que una aclaración pudiera dar a entender que nos resistimos o que nos ponemos de perfil. No solo tendemos la mano a colaborar con la justicia, sino que ya lo estamos haciendo y es un imperativo dentro de la reforma vaticana promovida por el Papa Francisco», recuerdan. O lo que es lo mismo, la normativa eclesial exige que, cuando haya un caso de posible abuso, es obligatorio que tanto una orden religiosa como una diócesis lo pongan en conocimiento de la justicia civil.

Es más, el Episcopado recuerda que todas las denuncias que han recibido, sea directamente por las víctimas o a través de los medios de comunicación, han sido remitidas a la Fiscalía y, además, forman parte del informe «Para dar luz», presentado el pasado marzo. Este estudio abierto para incorporar nuevos casos contiene hoy por hoy seis tomos y más de 2.000 páginas que también se han entregado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al que el Congreso encargó hace más de un año una auditoría para radiografiar la crisis de la pederastia, una tarea congelada por el adelanto electoral.

En cualquier caso, en la Iglesia sí se tiene la percepción de que estas sugerencias sería fruto de posibles susurros de Moncloa al órgano judicial, que ha convertido la pederastia en un arma de presión mediática.

En paralelo, de alguna manera, vendría a reforzar el argumentario que los obispos vienen manteniendo desde que el foco político se pusiera en ellos: «Nosotros tenemos casos, no nos podemos permitir ni uno solo, pero suponen un porcentaje mínimo respecto a los que se dan en otros ámbitos donde no se están tomando medidas, desde las familias al deporte, pasando por los centros escolares públicos».