Cuando desplazarse se convierte en un lujo, el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural. La llamada “pobreza de transporte”, un término que la Dirección General de Tráfico ha incorporado recientemente al debate público, describe la situación de los hogares que gastan más del 10 % de su presupuesto total en moverse. En un contexto de inflación y encarecimiento energético, esta definición visibiliza una realidad que crece cada vez más, y es que millones de españoles están atrapados entre la necesidad de desplazarse y la imposibilidad de hacerlo sin comprometer su economía.

Qué significa “pobreza de transporte”

El concepto de pobreza de transporte surge como una forma de medir la vulnerabilidad de los hogares frente a los costes de movilidad. Se considera que un hogar se encuentra en esta situación cuando dedica más del 10 % de su gasto total a cubrir necesidades de transporte, ya sea mediante vehículo privado o transporte público.

Este umbral del 10 % es una referencia sencilla, pero existen otros indicadores más completos, como el modelo LIHC, que combina renta baja y gasto elevado en transporte, o el denominado VTU, que añade la accesibilidad a los servicios de transporte como factor determinante. Todos coinciden en una idea, y es que la movilidad no es igual para todos y puede convertirse en una fuente de exclusión.

Cuántos hogares están afectados

En España, se estima que entre dos y tres millones de hogares destinan más del 10 % de sus ingresos al transporte. Si se aplican criterios más exigentes, que combinan nivel de renta y accesibilidad, entre 350.000 y 560.000 hogares sufrirían una vulnerabilidad severa.

El fenómeno afecta de forma desigual. En zonas rurales o poco conectadas, la dependencia del coche privado es mucho mayor, lo que eleva el gasto medio. En las áreas urbanas, aunque el transporte público es más accesible, los precios de los abonos, la vivienda o los atascos también incrementan el coste real de desplazarse.

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, el gasto medio por hogar alcanzó en 2024 los 34.044 euros, y el transporte supuso cerca del 11 % del total. Este porcentaje se mantiene al alza desde hace más de una década, especialmente en los hogares de rentas más bajas.

Por qué ha aumentado la pobreza de transporte

El encarecimiento del combustible, los seguros y el mantenimiento del vehículo ha disparado el gasto medio por hogar en movilidad. Aunque las administraciones han promovido abonos reducidos o bonificaciones temporales, estas medidas no compensan la subida generalizada de los precios energéticos.

La falta de alternativas de transporte público

En muchas zonas rurales o periféricas, los servicios de transporte público son escasos o poco funcionales. Las frecuencias insuficientes o la falta de conexión directa hacia centros de trabajo, hospitales o escuelas obligan a muchas personas a usar el coche, incluso cuando no pueden permitírselo.

La influencia del urbanismo y la distancia

El diseño urbano también pesa. Los desarrollos dispersos y alejados de los centros urbanos generan desplazamientos largos y costosos. A menudo, el tiempo invertido en moverse se suma al gasto económico, generando una carga doble para quienes viven lejos de su lugar de trabajo o estudio.

Factores sociales y de género

La pobreza de transporte no afecta a todos por igual. Las mujeres, por ejemplo, dependen más del transporte público y suelen tener menor acceso a un vehículo propio, lo que las hace más vulnerables a la falta de opciones. También los hogares con menos ingresos y las personas mayores se encuentran en una posición especialmente frágil ante los incrementos de coste o la falta de servicios.

Qué medidas plantea el Gobierno

El Ministerio de Transportes trabaja en una estrategia nacional contra la pobreza de transporte. El objetivo es definir de manera oficial este fenómeno, establecer indicadores comunes y diseñar políticas que lo mitiguen. Entre las medidas que se barajan figuran tarifas sociales para el transporte público, incentivos al coche compartido o eléctrico asequible, y mejoras en la red de transporte rural.

La iniciativa se enmarca en la estrategia europea del Fondo Social Climático, que busca evitar que la transición energética castigue a los hogares más vulnerables. Sin embargo, los expertos advierten de que los nuevos impuestos sobre emisiones o carburantes podrían agravar la situación si no van acompañados de ayudas efectivas.

Una desigualdad que condiciona el futuro

La pobreza de transporte pone de relieve una nueva brecha social, la capacidad de moverse condiciona el acceso al empleo, la educación o la sanidad. En un país donde la movilidad sigue siendo esencial para la vida diaria, no poder desplazarse se convierte en una forma de exclusión.

El reconocimiento oficial de este problema por parte de la DGT es un primer paso, pero su solución exigirá políticas sostenidas, inversión en transporte público y un replanteamiento del modelo de movilidad.