Sanidad da un mes a Madrid, Aragón y Baleares para cumplir con el registro de objetores al aborto

El Ministerio de Sanidad ha activado este martes el procedimiento legal para que Madrid, Aragón y Baleares elaboren el registro de objetores de conciencia al aborto con un requerimiento formal que, si no tiene respuesta en el plazo de un mes, dará paso a un proceso contencioso en los tribunales para que las "obligue un juez".

"El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia; es una obligación legal, una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto", ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la responsable de Sanidad, Mónica García.

Sanidad ha activado formalmente el procedimiento legal para requerir que elaboren el citado registro a las tres comunidades que aún no lo han hecho: Madrid, Baleares y Aragón, aunque solo la primera ha expresado "explícitamente" su negativa a crearlo.

Estas tres comunidades tienen un plazo de un mes para responder al requerimiento, como mandata el artículo 44 de la ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa; de no hacerlo, el Ministerio de Sanidad tendrá otros dos "para acudir a los tribunales y para plantear un contencioso administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley", ha recalcado García.

Como ha señalado en la rueda de prensa y deja plasmado en los tres requerimientos firmados por ella, la ministra recuerda a las tres autonomías que el 16 de noviembre de 2024, el pleno del Consejo Interterritorial "adoptó, de manera unánime, el acuerdo por el que se aprueba el protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia" contemplado en la ley del aborto.

"Desde entonces, la Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha llevado a cabo un seguimiento de la implantación de dichos registros a lo largo del año, a través del rastreo diario de boletines y sedes electrónicas que se realiza como parte principal de las labores de Alta Inspección, y se ha constatado que la Comunidad Autónoma cuya consejería está a su cargo no ha desarrollado dicho registro de objetores", prosigue el texto.

En los sucesivos informes del 20 de febrero, 27 de mayo y 25 de septiembre, la revisión confirmó que Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla habían cumplido la orden.

Además, se comprobó que tanto Andalucía como Asturias "se encuentran en fase de tramitación". Por ello, envía "el presente requerimiento para que se proceda a su creación", cumpliendo así con el trámite previsto en la ley.

Tras insistir a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no hacer este registro implica no solo saltarse los derechos de las mujeres, sino que supone saltarse la ley, Mónica García ha mostrado su "orgullo" por que este martes el Gobierno haya dado un primer paso histórico para blindar el derecho al aborto en la Constitución.

"Es una victoria peleada y luchada desde hace muchísimos años y que queremos blindar y que vamos a blindar en la Constitución. Es la primera vez que las mujeres aparecemos como sujeto de derecho en un texto constitucional, así que creo que hoy es un día para felicitarnos todos y todas", ha concluido.