Cruce de declaraciones
La sanidad privada acusa a Mónica García de criminalizarla
Afirma que es una maniobra de la ministra para encubrir la situación crítica que atraviesa el sistema público
Unas polémicas declaraciones realizadas este viernes por la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso, han acabado con la paciencia de la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe), que ha acusado a la ministra de criminalizar su actuación para encubrir la situación actual de la sanidad pública.
Durante su comparecencia en la Cámara Baja, García ha anunciado que impulsará una Ley de Gestión Pública del SNS que acabe con la Ley 15/1997 (que, curiosamente recibió el voto favorable del PSOE en su momento) para de este modo «blindar la gestión pública directa del sistema sanitario». Posteriormente, ha declarado que «la privatización sanitaria está vinculada con el aumento de la mortalidad evitable y con el empeoramiento de la calidad en la asistencia sanitaria». También ha considerado que los intentos de privatización realizados han sido «obscenos, ineficientes y caros» y no ha dudado en añadir que han puesto «en riesgo la salud».
La respuesta de Aspe no se ha hecho esperar, y en un comunicado ha calificado de «insólitas», «malintencionadas» y «gratuitas» las manifestaciones de la ministra. Además, considera que quiebran «el imprescindible clima de colaboración para contribuir a una cooperación beneficiosa para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud», como viene haciéndose históricamente en nuestro país desde el inicio de la democracia.
El sector privado recuerda su contribución en los conciertos sanitarios a lo largo de estos 40 años, además del importante papel que ha jugado durante la pandemia de Covid-19, cuando dio asistencia a uno de cada tres pacientes de covid «con una involucración y predisposición sin precedentes y escasa compensación».
Asimismo, subraya que las declaraciones de la ministra no contribuyen a afrontar los problemas estructurales del sistema sanitario público, entre los que destaca la cronicidad, las listas de espera históricas, el colapso de la atención primaria y de las pruebas diagnósticas.
Por el contrario, Aspe sostiene que buscan «ocultar las ineficiencias de un sistema público en crisis» y que responden «a posiciones ideológicas anacrónicas», alejadas de la realidad asistencial.
El sector insiste en que relacionar la participación de la sanidad privada con el empeoramiento de la calidad asistencial «es un intento de esquivar las propias responsabilidades», y que Mónica García ha ocultado que el gasto sanitario en España se ha incrementado un 41,7% en los últimos diez años de los 66.826 millones de euros de 2014 a los 94.700 de septiembre de 2023, sin haber logrado, por ejemplo, reducir las listas de espera quirúrgicas (que, por el contrario, han aumentado un 59,9%).
Por este motivo, Aspe ha demandado una rectificación de estas declaraciones por parte de un miembro del Consejo de Ministros, ya que existe un antecedente por un hecho similar en el año 2023.
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