Todas las religiones, libres de IBI como los sindicatos

Cero privilegios. Cero discriminaciones. Es el principio que regirá desde ahora a todas las confesiones presentes en nuestro país en materia impositiva. El Gobierno ha cerrado un acuerdo con cuatro confesiones minoritarias para que se manejen con las mismas reglas del juego que las demás religiones presentes en nuestro país. Ortodoxos, budistas, mormones y testigos de Jehová ya no tendrán que pagar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) de los lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos que se destinen al culto o a la asistencia religiosa y a la residencia de ministros de culto. También se incluyen los locales destinados a oficinas de las confesiones y los centros de enseñanza destinados a la formación de ministros de culto. De esta manera su estatus equipara al 1,3 millones de fieles de estos credos con los católicos como a los musulmanes, judíos y evangélicos. Pero también a los partidos políticos, sindicatos, ong y demás entidades sin ánimo de lucro.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha suscrito el acuerdo con representantes de la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los Testigos de Jehová. A través de un comunicado, desde Moncloa se ha celebrado esta rúbrica en tanto que «corrige una diferencia de trato de difícil justificación en este momento». Lo cierto es que esta iniciativa no nace del Ejecutivo de coalición, sino del PDeCat. De hecho, el diputado independentista Genís Boadella se ha felicitado por la medida y ha detallado que el acuerdo se materializará en una enmienda transaccional a la proposición de ley para modificar la Ley de Mecenazgo, que se aprobará en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para seguir su tramitación parlamentaria en el Senado.

Junto al IBI, las religiones también gozan de otras exenciones fiscales en impuestos estatales (impuesto de sociedades) y tributos locales (IAE y plusvalía, entre otros) y conllevará la introducción de incentivos al mecenazgo como, por ejemplo, desgravaciones fiscales en el IRPF para quienes hagan donativos.

«Se trata de un importante avance en equidad que promueve el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la libertad religiosa, ahonda en la igualdad y la neutralidad de nuestro Estado aconfesional», subrayan desde el equipo de Bolaños. Además insisten, olvidando citar a las otras confesiones que ya están exentas del IBI, que «corrige los privilegios históricos fiscales de la Iglesia Católica, que pasa a ser tratada como una confesión religiosa o entidad sin ánimo de lucro más».

Desde la Iglesia, no solo se ve con buenos ojos esta medida, sino que la propia Conferencia Episcopal Española hace un mes daba un paso al frente para eliminar la única concesión pública que le diferenciaba del resto de credos de nuestro país. Así pues, renunció renuncia a las exenciones fiscales relativas a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por el cual diócesis y congregaciones religiosas podrían ahorrarse una media de 12 millones de euros anuales. Esta decisión, lejos de nacer de presiones de Moncloa, fue iniciativa de los obispos y contó con la necesaria bendición de la Santa Sede, que tuvo que dar su aprobación puesto que supuso retocar parte de los acuerdos Iglesia-Estado que tiene el rango de tratado internacional.