«Triunfalismo» en Igualdad pese a 51 mujeres asesinadas

Las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de año ascienden a 51, dos más que en todo el año pasado. Y a pesar de eso el Ministerio de Igualdad presentaba ayer datos «triunfalistas»: el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de diciembre de 2017 daba cinco años para cumplir 290 medidas encaminadas a mejorar la respuesta del Estado contra las violencias machistas: concluido ese plazo, anunciaron ayer que «se han culminado el 65,5%, el 29,3% está en camino pero incompletas, el 3,2% se han incumplido y el 2% no han sido evaluadas». De entrada, el 34,5% aún no se han cumplido. Y lo que es peor, se han desarrollado 190 medidas pero han servido para muy poco.

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero; la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, entregaron ayer el informe con estos datos a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Montero defendió tras el acto que este grado de cumplimiento demuestra «el compromiso firme y la acción decidida» tanto del Gobierno como del ministerio durante la pasada legislatura: en 2019 había 75 medidas cumplidas y 51 pendientes y ahora, 190 cumplidas y 9 pendientes.

Entre las medidas culminadas, la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres, la ley de garantía integral de la libertad sexual, la suspensión de las visitas de los padres maltratadores o la interrupción de las visitas a prisión de niños y niñas cuyos padres estén condenados por violencia de género.

Entre las medidas pendientes se encuentran cuestiones penales y procesales: suprimir las atenuantes de confesión y de reparación del daño en los delitos de violencia de género, establecer criterios de referencia del riesgo para impedir que disminuyan las órdenes de protección o eliminar la exigencia de fianza en la personación de asociaciones de ámbito estatal en los procedimientos de violencia machista.

También establecer por ley el inicio inmediato de la ejecución de penas –prohibición de alejamiento y comunicación– en el momento en que se dicte sentencia firme, obligar a que se informe a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las denuncias ante el juzgado y de los partes de lesiones con el objetivo de que se incluyan en VioGén o imponer prohibición de alejamiento en caso de quebrantamiento. Y prohibir que el padre maltratador pueda acceder a las grabaciones de los testimonios de los menores e incorporar temas específicos sobre género y violencia machista en los temarios de oposiciones al Sistema Nacional de Salud son las últimas medidas en las que no se ha registrado ningún avance.

En proceso también está la ley integral contra la trata, un plan estratégico de intervención con víctimas que retiran la denuncia, incrementar la atención a víctimas de zonas rurales, elaborar protocolos específicos para las mujeres más vulnerables o trabajar en la asistencia psicológica a agresores desde el momento de la denuncia para reducir el nivel de estrés y agresividad y reducir daños a la víctima.

Y lo que faltaba: los miembros del Gobierno se atacan entre sí. Irene Montero acusó a Pilar Llop, ministra de Justicia, del incumplimiento de ocho de esas nueve medidas importantes decretadas en el Pacto.

Y al ministro de Sanidad, José Miñones, de la medida pendiente que depende de Salud. Fuentes de Igualdad explicaron que se trata de la medida 190, que habla de trabajar con las comunidades autónomas, en el Consejo Interterritorial de Salud, para «incorporar en los temarios de oposiciones al Sistema Nacional de Salud temas específicos sobre salud y género donde se incida especialmente en la detección precoz de la Violencia de Género».

Diputados incompetentes

Tampoco se libran los partidos políticos en general. Entre las medidas que no son competencia de la Administración General del Estado destaca la número 2, que se planteaba encomendar a la Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que es competencia del Congreso de los Diputados. Desde Igualdad han precisado que tampoco se ha cumplido.

Preguntados por el aumento de los asesinatos machistas en los últimos meses a pesar de este cumplimiento de más de un 65% de las medidas del pacto, fuentes del departamento de Montero lo han atribuido al «negacionismo social e institucional» que «abona el silencio de las víctimas», así como del «agresor potencial». En todo caso, han insistido en que hay «más medios y denuncias que nunca».

Por su fuera poco, el Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género de España criticó ayer las «generalidades sin sentido ni conocimiento» en materia de violencia machista del pacto PSOE-Sumar, que las organizaciones feministas ven «muy decepcionante». Y que « nadie del PSOE ni de Sumar» les ha llamado ni les ha querido escuchar.