Las singularidades negadas a Andalucía

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto un nuevo conflicto con las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, al asegurar que Cataluña merece un «tratamiento especial» en materia de financiación por su «singularidad». Estas declaraciones han caído como un jarro de agua fría en el seno de la Junta de Andalucía, puesto que este trato privilegiado hacia Cataluña –que ya se mantiene con el País Vasco y Navarra– supone ahondar en los desequilibrios territoriales y rompería el principio de igualdad que, en teoría, debe regir la actuación del Gobierno en esta materia. Sin embargo, esta línea preferente hacia esta comunidad no es nueva y deriva del apoyo que prestaron los partidos independentistas catalanes a Pedro Sánchez para su investidura. Sin ir más lejos, Sánchez se comprometió con ERC a condonar la deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña.

El Ejecutivo de Sánchez tendrá muy en cuenta la «singularidad» catalana, pero obvia otras cuestiones específicas y únicas que tiene Andalucía y que determinan la vida política, económica y social de la región, precisamente, más poblada de España. Una de ellas es que es una de las comunidades peor financiadas por el Gobierno central. El déficit anual se cifra en 1.400 millones de euros, un dato reconocido por organismos independientes como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Este sentido, el Ejecutivo de Juanma Moreno reclama que se corrija esta situación a través de un fondo de compensación interterritorial. De momento, el Gobierno ha hecho oídos sordos a esta propuesta.

Otras singularidades tienen que ver con su situación geográfica. Andalucía linda al oeste con Portugal, un país con el que la comunidad mantiene unas buenas relaciones. De hecho, existen fluidas conexiones comerciales entre la provincia de Huelva y el Algarve portugués, intensificándose en la época estival con un trasiego constante de veraneantes. Sin embargo, algunas decisiones del Gobierno luso, como las bonificaciones a los carburantes, han propiciado que muchos andaluces crucen la frontera para echar gasolina a un precio más barato. Igual pasó durante la galopante inflación, cuando el aceite de oliva y otros productos estaban más baratos en el país vecino. Ni el Gobierno ni la Unión Europea articularon compensaciones.

Pero el caso más flagrante es Gibraltar, una colonia británica insertada en la provincia de Cádiz y que está a la espera de su encaje definitivo tras el Brexit. La Roca ofrece ventajas fiscales a las empresas que se quieren instalar allí, por lo que los municipios colindantes están en clara desventaja. En estas últimas semanas tanto los gobiernos español y británico como la Unión Europea intensificaron las negociaciones para alumbrar un acuerdo, pero las próximas elecciones en el Reino Unido están ralentizando el proceso. Una demanda histórica de los empresarios y de la propia Junta es que el Campo de Gibraltar tenga un régimen fiscal propio, para competir en mejores condiciones. Un extremo que tampoco ha sido atendido.

Por si fuera poco, Andalucía es frontera sur en un contexto migratorio de elevada tensión. A las costas de Cádiz y Almería, fundamentalmente, siguen llegando diariamente numerosas pateras con decenas de inmigrantes, que deben recibir una primera atención por parte de las ONG antes de pasar a la Policía Nacional. Los centros de atención a inmigrantes se quedan pequeños en épocas de especial intensidad migratoria, como el verano, cuando las mafias aprovechan el buen tiempo para organizar traslados masivos. Tanto la Junta como los ayuntamientos afectados han venido reclamando al Gobierno más efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para hacer frente a este fenómeno, además de mejores instalaciones. Junto a ello, el presidente de la Junta ha emprendido la batalla para que se reconozca la singularidad climática de Andalucía, una región especialmente azotada por las sequías.

Moreno lamenta la «enésima cesión»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reafirmó ayer su oposición a lo que considera que sería la «enésima cesión» del Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo catalán, en materia de financiación autonómica en este caso, ya que Andalucía saldría «claramente perdedora». Moreno denunció un posible «nuevo ataque a la solidaridad interterritorial y a la igualdad de los españoles» por parte del Gobierno, así como criticó la que, a su juicio, sería «la enésima cesión al independentismo catalán». «No vamos a permitir eso», remarcó.