Revés a millonario proyecto para explotar oro en Colombia

(AP). La autoridad ambiental dio un nuevo revés a un consorcio minero que busca explotar oro en el noreste de Colombia como parte de un proyecto que según activistas y habitantes del área provocaría daños irreparables en el ecosistema.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) determinó “archivar” la solicitud de licencia de la Sociedad Minera de Santander (Minesa) para extraer nueve millones de onzas de oro cerca del páramo de Santurbán, un ecosistema montañoso del que se abastecen de agua más de dos millones de personas de dos departamentos del país.

El grupo de ambientalistas que se opone a la explotación minera fue notificado el viernes por la ANLA de la decisión de archivo del “Proyecto Soto Norte”, tras considerar que la empresa presentó información incompleta sobre diversos aspectos, incluido cómo manejaría los residuos generados por la explotación minera.

Esto, sin embargo, no significa el fin del proyecto, ya que el consorcio puede presentar una nueva solicitud de licencia ambiental en las que subsane lo que la ANLA le señaló.

Minesa, que tiene el respaldo del fondo de inversión Mubadala Investment Company de Emiratos Árabes Unidos, rechazó que haya incumplido con la información y lamentó la decisión.

Desde 2016, la empresa gestiona ante el gobierno colombiano el permiso para extraer oro. En octubre de 2020, la ANLA determinó que tras un estudio técnico “no era posible emitir una decisión de fondo sobre el proyecto minero” y que se debía archivar.

Minesa apeló el fallo ante la propia autoridad, que el viernes notificó su respuesta que ratificó el archivo del caso.

La oposición al proyecto es tanto de ciudadanos como de actores políticos: grupos ambientalistas, congresistas y mandatarios locales alegan que produciría daños irreparables en el páramo, lo cual rechaza la multinacional, que asegura que el proyecto minero no está dentro de la delimitación de ese ecosistema.

El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán busca que las autoridades prohíban las actividades mineras a gran escala tanto en el páramo como en los ecosistemas adyacentes, que incluyen el bosque altoandino.

“Buscamos que sea declarada zona de exclusión de ese tipo de actividades para cuidar el ecosistema, porque muy probablemente la empresa volverá a presentar nuevamente la solicitud de licencia ambiental”, dijo a The Associated Press Juan Camilo Sarmiento, abogado ambiental voluntario del comité.

El “Proyecto Soto Norte” prevé una inversión de 1.250 millones de dólares durante la etapa de construcción, 1.000 empleos directos y 2.000 millones de dólares en impuestos y regalías o pagos al Estado por explotar yacimientos. Su operación duraría 23 años hasta que se diera el cierre progresivo de la mina.