El Salvador continuó pagando a cabildero en Washington

(AP). El cabildero en Washington Robert Stryk siguió trabajando para el gobierno de El Salvador incluso después que el presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmara que le había cancelado un contrato de 450.000 dólares que había suscitado una ola de críticas en el país pobre centroamericano, según documentos sobre cabildeo exterior presentados en fechas recientes.

La información que salió a la luz el sábado muestra que Sonoran Policy Group, de Stryk, continuó haciendo llamadas a las oficinas legislativas y cobró pagos por 214.000 dólares a la agencia estatal de inteligencia de El Salvador aun después que la oficina de Bukele afirmara en agosto a The Associated Press que había rescindido el acuerdo.

Stryk fue uno de los cabilderos más exitosos durante la presidencia de Trump, cuyos clientes incluían personas que enfrentaban sanciones o tenían mala reputación en Washington, donde firmas de elite del ramo se mantuvieron alejadas de gobiernos como Venezuela y Somalia, así como de simpatizantes del fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Sonoran informó en los nuevos documentos que en el último trimestre de 2020 concertó llamadas por video y teléfono con seis colaboradores legislativos republicanos, en todas las cuales estuvo presente Peter Dumas, jefe de inteligencia del país centroamericano. Entre quienes Sonoran contactó estuvo el asesor de seguridad nacional del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y un asesor del representante Rick Crawford, miembro de la comisión de inteligencia de la cámara baja.

Un día después de la llamada telefónica del 6 de octubre entre Mario Duarte, de Sonoran, y un colaborador sénior de Crawford, el congresista de Arkansas envió un tuit en español que decía que Estados Unidos continuará apoyando a “amigos y socios” como Bukele en la lucha contra la corrupción y la desigualdad.

El tuit fue ampliamente difundido en El Salvador. Los comentarios de Crawford también atrajeron elogios del entonces embajador estadounidense Ronald Johnson, un funcionario nombrado por Trump y que dio gran impulso a Bukele cuando el gobernante salvadoreño enfrentaba crecientes críticas, principalmente entre los demócratas, de que estaba conduciendo a El Salvador por un camino autoritario.

La oficina de Bukele no respondió a una solicitud para que hiciera declaraciones.

En agosto, la oficina dijo a la AP que el presidente nunca había aprobado el contrato semestral con fecha del 15 de agosto y que lo anuló cuando se enteró de su existencia. La oficina de Bukele y dos colaboradores de alto rango se abstuvieron de precisar la fecha de cancelación del contrato o las razones que propiciaron la abrupta marcha atrás, pero insistieron en que no hubo desembolsos de dinero.

“En este caso, él no aprobó el contrato. El contrato se canceló y lo puede verificar con Sonoran Policy Group”, dijo la oficina de Bukele en ese entonces en un comunicado por escrito.

Stryk en esa fecha no hizo declaraciones sobre el estado del contrato ni presentó nunca documentación adicional en que indicara su cancelación.

La firma, que cambió su nombre hace poco a Stryk Global Diplomacy, recibió un total de 214.000 dólares en pagos del contrato por el último trimestre de 2020, siendo el último a finales de noviembre, según el documento presentado ante el Departamento de Justicia que detalla las actividades de cabildeo exterior de la firma en el último semestre de 2020.

Bukele, de 39 años, asumió la presidencia en 2019 como candidato independiente con el compromiso de rescatar a El Salvador de las profundas divisiones causadas por una incontrolable violencia de pandillas y corrupción sistémica tanto en los gobiernos de derecha e izquierda que siguieron al concluir en 1992 la cruenta guerra civil en el país.

Las encuestas muestran que una abrumadora mayoría de salvadoreños aprueba el estricto enfoque de Bukele y se prevé que sus aliados logren la mayoría en las elecciones legislativas de este mes.

Sin embargo, activistas de derechos humanos y algunos líderes empresariales se quejan de que Bukele ha pisoteado la Constitución del país, el caso más sonado en febrero, cuando envió efectivos fuertemente armados a que rodearan al Congreso a fin de presionar a los legisladores a aprobar un crédito para financiar el combate a las pandillas.

Bukele enfrenta el desafío de granjearse el apoyo del gobierno de Biden, que se ha alejado de la política dura de Trump hacia la inmigración, a la que Bukele cedió firmando un acuerdo que permitía que Estados Unidos enviara a solicitantes de asilo de otros países a El Salvador.

Stryk, fabricante de vinos y excolaborador republicano que fracasó en su intento por ganar la alcaldía de Yountville, California, tuvo un veloz ascenso en el sector altamente competitivo de las influencias en el Washington de Trump.

Stryk fue asesor sin sueldo de la campaña de Trump en la costa oeste de Estados Unidos y su firma no había informado sobre sus actividades cabilderas de 2013 a 2016, pero facturó más de 18,4 millones de dólares a clientes extranjeros desde comienzos de 2017, según los nuevos documentos y datos del organismo apartidista Center for Responsive Politics.

En fecha más reciente, Stryk se asoció con otra firma en DC, Rational 360, dirigida por experimentados colaboradores demócratas, entre ellos Joe Lockhart. En octubre, El Salvador contrató a Rational 360 por 65.000 dólares mensuales. El gobierno de Bukele también concedió un contrato de 780.000 dólares a una entidad de reciente creación llamada Invest El Salvador, con sede en Estados Unidos.

La firma de Stryk cobró asimismo en el último semestre de 2020 un total de 700.000 dólares al Ministerio del Exterior de Kenia. También recibió 200.000 dólares en pagos de una compañía con sede en Portugal para que abogara en Estados Unidos y Gran Bretaña a favor de Isabel dos Santos, la hija de un expresidente de Angola y a la que a menudo se le describe como la mujer más rica de África. Dos Santos se defiende de los cargos en Angola de que aprovechó su posición de influencia para desfalcar más de 1.000 millones de dólares de una compañía petrolera estatal.

El año pasado, Stryk se registró como agente extranjero para abrirle las puertas al gobierno socialista de Venezuela. Sin embargo, el despacho de abogados que lo había contratado como consultor rescindió después el contrato por 12,5 millones de dólares con un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro ante las protestas de republicanos de Florida que los acusaron de que promocionaban a un “dictador”.

Stryk también fue contratado en fecha reciente por una organización australiana sin fines de lucro que busca el perdón presidencial para Assange, quien está detenido en Gran Bretaña e impugna una solicitud de extradición de Estados Unidos.