América Latina
Titular CIDH dice que en Nicaragua rige estado de excepción
Antonia Urrejola denunció que la “prolongación del estado de excepción de facto en Nicaragua” pretende inhibir a la disidencia en un año en que el presidente Daniel Ortega pondrá su poder en juego
(AP). La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, denunció el miércoles que la “prolongación del estado de excepción de facto en Nicaragua” pretende inhibir a la disidencia en un año en que el presidente Daniel Ortega pondrá su poder en juego en elecciones presidenciales.
Urrejola presentó un informe durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en el que reportó la detención de al menos 20 opositores en las últimas semanas, entre ellos los aspirantes a la presidencia Cristiana Chamorro —que se encuentra bajo arresto domiciliario_, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.
Existe “un contexto de impunidad generalizada y constantes violaciones a derechos humanos como parte de una nueva fase de represión” que obedece a “la negativa del Estado nicaragüense a realizar elecciones justas, libres y transparentes”, afirmó la también relatora especial de la CIDH para Nicaragua.
En el último mes la CIDH recibió 27 solicitudes de medidas cautelares para personas perseguidas o amenazadas en Nicaragua, casi la misma cantidad recibida en todo el año 2020, agregó.
Urrejola rechazó “la persecución a líderes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos”, y dijo que durante los recientes arrestos de opositores en muchos casos hubo uso de fuerza y allanamiento de viviendas sin orden judicial.
Por la noche, Ortega habló por primera vez sobre la ola de arrestos en una visita al mausoleo del desaparecido guerrillero Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista, donde recordó su natalicio hace 85 años.
En su discurso, el mandatario atacó a Estados Unidos y al “imperio yanqui”, al que llamó “hijo del demonio, de las cavernas, de la maldad”, y lo responsabilizó por lo que dijo es “un nuevo intento de golpe de Estado” por parte de la oposición.
“Aquí no estamos juzgando a candidatos o precandidatos, sino a criminales que han atentado contra la soberanía del país, intentando organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman un cambio de régimen”, dijo el mandatario, que aspira a su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo de cinco años a partir de 2022.
Urrejola denunció que varios de los detenidos fueron llevados a “audiencias secretas y sin representación legal”. Las autoridades también rechazaron los recursos de exhibición personal presentados por familiares y no han brindado información sobre el lugar donde se encuentran los detenidos ni sobre su estado de salud.
Reiteró que la represión de las protestas sociales en 2018 dejó al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos, más de 100.000 emigrados y más de 1.600 detenidos en distintos momentos de la crisis.
“Actualmente más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria”, advirtió.
Por su parte, el embajador de Nicaragua en la OEA, Ricardo Alvarado, calificó el informe de “falaz y malintencionado” y dijo que la CIDH es “utilizada como punta de lanza por Estados Unidos contra Nicaragua”.
Acusó también al gobierno de Joe Biden y de otros países de ejercer una “descarada injerencia en el proceso electoral nicaragüense”, y sostuvo que los opositores a Ortega son “grupos terroristas, mercenarios y vendepatrias dirigidos y financiados por el gobierno norteamericano”.
“Intentan reeditar el fallido golpe de Estado en el marco del proceso electoral”, sostuvo Alvarado en alusión a las protestas de 2018. Añadió que todo forma parte de una “campaña de desprestigio contra el gobierno de Nicaragua” para “facilitar condenas y linchamientos políticos en la OEA”.
El representante nicaragüense también arremetió contra los gobiernos de Canadá, Chile y Costa Rica después de que sus embajadores intervinieron en la sesión para condenar al gobierno de Ortega. Alvarado llamó “dictadura” al gobierno de Uruguay, lo que motivó una airada protesta del embajador del país sudamericano.
En su discurso, Ortega dijo que la Fiscalía y la Policía han encontrado “una red que venía conspirando” desde las protestas de 2018.
“Y la red tiene nombres y apellidos, nombres de organismos y personas connotadas”, advirtió.
“Ahí vamos a ver cuando la Fiscalía dé los resultados, cuántos millones (de dólares) entraron para la muerte. Que no vengan con el cuento de que son candidatos, aquí no hay ningún candidato inscrito todavía”, manifestó el mandatario, y acusó a “la embajada yanqui y otras embajadas” de haber organizado reuniones para unir a la oposición.
Dijo que Estados Unidos está reclamando la liberación de los presos nicaragüenses, pero tiene en la cárcel a los simpatizantes republicanos que asaltaron el Capitolio el 6 de enero pasado.
“Ya le vamos a pedir nosotros a los Estados Unidos que ponga libres a los 400 norteamericanos que tiene presos, los que llegaron a asaltar el Congreso de los Estados Unidos. Ahí los tienen presos, los están investigando, los están juzgando, son más de 400 ahí y aquí están pegando gritos por 20, cuando allá son 400”, aseguró Ortega.
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