EEUU enlista a funcionarios corruptos de Centroamérica

(AP). El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios, incluidos expresidentes y legisladores activos, sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en tres países centroamericanos.

Muchos de los casos ya se conocían en Guatemala, Honduras y El Salvador, pero la inclusión de sus nombres en la lista de Estados Unidos avivó las esperanzas de quienes luchan contra la corrupción. La lista fue entregada al Congreso de Estados Unidos, de conformidad con la ley estadounidense U.S.-Northern Triangle Enhanced Engagement Act, impulsada el año pasado por el representante federal Eliot Engel.

La difusión de la lista tiene lugar en momentos en que el gobierno del presidente Joe Biden ha dado nueva atención a la corrupción en la región, ya que considera que es uno de los factores que contribuyen a la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos.

Ricardo Zúñiga, enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica, dijo el jueves que la lista no era definitiva y que la cancelación de visas de Estados Unidos a las personas mencionadas no elimina la posibilidad de otras sanciones. La referida ley obliga al Departamento de Estado a proveer una lista al Congreso al menos una vez al año.

La lista es elaborada con información confidencial y no confidencial, y prestó más atención a casos que implicaban a personas actualmente en el gobierno o en posiciones cercanas al poder que a delitos añejos, afirmó Zúñiga.

“La corrupción y las transgresiones a la democracia son vistas como algunas de las causas más importantes de la migración irregular procedente de Centroamérica”, afirmó Zúñiga. “Son un lastre para los gobiernos, distorsionan los mercados, socavan los esfuerzos para el desarrollo y, en última instancia, desmoralizan a una población que decide embarcarse en una migración irregular muy peligrosa hacia México y Estados Unidos porque no creen que puedan construir su futuro en su país”.

El hecho de que el Congreso requiera el reporte refleja una preocupación creciente “por el nivel de corrupción sistémica en los países del Triángulo Norte, la considerable reincidencia que hemos visto en toda la región en los últimos años” y la necesidad de “garantizar que nuestra ayuda no termine en los bolsillos de funcionarios corruptos o sus aliados”, dijo Adriana Beltrán, directora de seguridad ciudadana en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental enfocada en asuntos de derechos humanos.

Entre las figuras más destacadas de la lista se encuentran el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. El informe del Departamento de Estado señala que Lobo Sosa aceptó sobornos de un cártel del narcotráfico y que su esposa estuvo involucrada en fraude y malversación de fondos. Ambos niegan las acusaciones. La Corte Suprema invalidó el año pasado la condena de Bonilla por cargos relacionados y está esperando un nuevo juicio.

Quizás tan significativa como la inclusión de Lobo Sosa o de más de una docena de legisladores, es la ausencia en la lista del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los fiscales estadounidenses en Nueva York han señalado que Hernández financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes, pero el mandatario no ha sido acusado formalmente.