Presentan cargos de corrupción contra expresidente salvadoreño Sánchez Cerén

(EFE). La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó este domingo cargos de corrupción contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y otros nueve exfuncionarios ante un juzgado por supuestamente recibir pagos irregulares en la administración de Mauricio Funes (2009-2014).

“Todas estas personas están siendo acusadas por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, indicó una representante de la FGR.

Señaló que se ha logrado “determinar que estas personas cometieron los ilícitos cuando desempeñaron sus cargos” al recibir dinero en efectivo “al margen de la ley”.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Sánchez Cerén habría recibido 530.000 dólares cuando se desempeñaba como vicepresidente de Funes.

Se desconoce actualmente el paradero de Sánchez Cerén, también excomandante guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y quien habría salido del país a finales de 2020.

Sánchez Cerén se convirtió el pasado 22 de julio en el cuarto exmandatario de la etapa democrática salvadoreña en ser requerido por la Fiscalía por cargos de corrupción.

La Fiscalía pidió a la corte que se gire orden de captura internacional contra Sánchez Cerén y otras cuatro personas que se encuentran fuera del país.

Se trata de José López Juárez, expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA) y el exsecretario privado de la Presidencia Manuel Melgar, además de los exministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, Gerson Martínez y Lina Pohl, respectivamente.

Los detenidos son el extitular de Hacienda Carlos Cáceres, la exministra de Salud Violeta Menjívar, los exviceministros Hugo Flores y Erlinda Handal, y el exdiputado del FMLN Calixto Mejía (2014-2017).

Este caso se desprende de la investigación contra Funes por la supuesta malversación de 351 millones de dólares del presupuesto estatal.

Funes vive en Nicaragua desde 2016 y recibió en 2017 la nacionalidad de ese país centroamericano, cuya Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos. EFE