La Junta de Andalucía llevará al Gobierno central a la Justicia por el impago del IVA y el «bloqueo» de unos pagarés

La Junta no va a permitir que el Gobierno central lastre financieramente a la comunidad, por lo que ayer el consejero de Hacienda, Juan Bravo, anunció que emprenderán una doble vía legal para exigir en los tribunales lo que creen que es de los andaluces. De un lado, reclamarán los ingresos de la recaudación del IVA de diciembre de 2017 –la sección contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso de la Comunidad de Madrid, como informó LA RAZÓN–; una cuantía que permitiría que Andalucía alcanzara «con margen» el objetivo del 0,1% del déficit de ese año. De otro, llevarán a los juzgados el «bloqueo» en la emisión de unos pagarés. Sobre este último punto, Bravo explicó tras el Consejo de Gobierno que la región participa desde 1991 en un programa de pagarés que ahora se ha «interrumpido», lo que no sucedió «ni en los años más duros» de la crisis económica. Según el titular de Hacienda, no existe una «explicación razonable» a ese parón, sólo «un interés deliberado» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en frenar «el normal funcionamiento de las finanzas andaluzas», por lo que recurrirán a la Justicia. Ahora serán los servicios jurídicos de la Administración andaluza los encargados de diseñar las estrategias judiciales a seguir en cada caso.

Y hubo más quejas que demuestran que la confianza entre ambas administraciones se ha quebrado. Bravo denunció además que en la actualización de las entregas a cuenta de 2019, mientras para el conjunto del sistema autonómico «el importe total crece en 205 millones», la asignación a Andalucía «se ha reducido en 75 millones», respecto a lo comunicado en julio de 2018 al Gobierno regional entonces socialista y liderado por Susana Díaz. «En un año se han perdido 120 millones de euros de los andaluces, pese a que éstos han pagado sus impuestos», condensó el consejero, para añadir otro dato: desde que María Jesús Montero es ministra de Hacienda, «la financiación per cápita ha caído un 0,7% en Andalucía, más que la media nacional (-05%)». «¿Dónde está aquella persona que reclamaba 4.000 millones más?», se preguntó, en relación al listón extra de financiación que la propia Montero marcó como necesario para la comunidad en su etapa como consejera de Hacienda. Ahora es ministra del ramo y a su departamento trasladó ayer la Junta finalmente que se acogerá al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), aunque ésta no era la opción prioritaria en el paisaje rígido financiero autonómico.

El consejero expuso que el hecho de que el Ejecutivo de Díaz se saltara en 2018 «las reglas fiscales», ha frustrado la salida de Andalucía a los mercados, pese a que «no hay ninguna norma que diga» que «un incumplimiento puntual del déficit» provoque «la salida automática» de aquéllos. Relató que han solicitado al ministerio una reunión para conocer los motivos de una decisión que consideran «discrecional y política» y buscar soluciones, pero el encuentro nunca se produjo. Afirmó que han constatado con «las principales instituciones financieras nacionales e internacionales» que la región podría nutrirse de fondos «en el mercado libre, pero para poder hacerlo necesitan que el ministerio lo autorice en el primer trimestre de este año. No confían en que ocurra y no quieren arriesgarse a no poder pagar las nóminas de sus empleados o a los proveedores. En ese contexto, pedirán a Madrid 5.093,85 millones para atender vencimientos de deuda pública y 223,3 para «financiar el pago aplazado de las liquidaciones negativas de 2018 y 2019 del sistema de financiación». En total: 5.317,15 millones de euros. Bravo lanzó un mensaje nítido desde San Telmo: conviene que a Andalucía le vaya bien porque «es el 20% de España».

El ministerio niega que «obligue» a la comunidad a acudir al FLA

La secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, afirmó ayer, de su lado, que «es falso que el Ministerio de Hacienda obligue» a Andalucía «a financiarse» por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Según su versión, es la Administración regional la que «ha renunciado por voluntad propia a salir a los mercados».La secretaria de Estado sostuvo que «el FLA es voluntario y las condiciones son conocidas, ya que son las mismas que regían bajo el mandato» de Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Otros temas tratados en el Consejo de Gobierno

∇ Nueva imagen de la Junta. Ayer el Gobierno andaluz estrenó imagen corporativa tras más de veinte años. Su diseño ha supuesto un coste de 14.500 euros y se irá implantando de forma «paulatina y progresiva» hasta sustituir en un «proceso escalonado» a la anterior. El nuevo logotipo representa un «A».

∇ El Consejo de Gobierno se mueve de día. La reunión semanal de consejeros pasará de los martes a los lunes para no coincidir con el Consejo de Ministros que ahora se celebra los martes. «Andalucía necesita voz propia y que el mensaje cale marcando desde el principio de la semana la agenda», defendió el portavoz de la Junta, Elías Bendodo.

∇ Nuevo viaje de Moreno a Bruselas. El también consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, anunció ayer que el presidente andaluz, Juanma Moreno, volverá a Bruselas los próximos 11 y 12 de febrero para acudir «al pleno del Comité de las Regiones». «La presencia de miembros del Gobierno allí será permanente y rotatoria», dijo.

∇ Ayudas por el temporal. La Junta ampliará hasta en seis millones de euros la convocatoria de ayudas de septiembre para atenuar los daños registrados en la provincia de Almería y Málaga por la borrasca bautizada como «Gloria» Esta convocatoria permitirá agilizar los trabajos de recuperación de terrenos agrícolas y caminos.

∇ Creación de un Consejo LGTBI. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regula la organización y el funcionamiento del Consejo Andaluz LGTBI, por lo que este órgano colegiado participativo y consultivo estará constituido en el plazo máximo de ocho meses, aunque la Consejería de Igualdad trabaja ya para acortar los tiempos.