Hay quien dio por disuelto el caso, pero la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar aún da coletazos. Ahora es Ecologistas en Acción la que niega haberse equivocado e insiste en que la empresa Minera Los Frailes, entidad que ha reactivado el yacimiento, pese a no haber participado en el concurso de la Junta en el que se asignó, “no es titular de la concesión minera”, ya que ésta todavía se encuentra "en tramitación” y “hasta la fecha no existe ninguna resolución de otorgamiento” de la misma ni, por lo tanto, “ningún título”.

En un escrito remitido al juzgado instructor, al que tuvo acceso LA RAZÓN, los conservacionistas replican a Minorbis, una de las sociedades concesionarias junto a Grupo México, que ya conocían la inscripción minera a la que aludió esa parte en un escrito previo. Si bien, la acusan de haber omitido que ese documento “no tiene validez legal”. “Esta afirmación resulta de una simple lectura del mismo, que en su margen izquierdo indica en letra pequeña: ‘Esta información no tiene validez legal’. Para mayor información diríjase a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía más cercana'”, reproducen.

Dicho de otra forma, Ecologistas mantiene que hay “una inscripción de la concesión minera” en “el Libro de Registro de Solicitudes de Derechos Mineros” a nombre de Minera Los Frailes, pero la mera demanda de ésta “no la otorga”. Y a ello se suma que el movimiento ni siquiera lo realizó la mercantil, sino que la inscripción se produjo “a instancias de la Dirección General de Industria, Energía y Minas” de la Junta, por lo que varios ex cargos de la misma “están siendo investigados”, dado que “en las bases del concurso minero no estaba previsto ni contemplado que en ningún caso los adjudicatarios” pudieran “ceder sus derechos a otra empresa", aunque estuviera participada por aquéllos.

La organización “verde” recuerda a la jueza, Patricia Fernández, que citó a declarar a un jefe de servicio de Industria, Energía y Minas, quien en enero de 2019 ratificó en sede judicial lo que había puesto antes en los rígidos folios de un informe fechado en noviembre de 2018 y que sirvió, entre otras cuestiones, para que la Audiencia Provincial de Sevilla ampliara los delitos y las personas encausadas. Engarza que desconoce si después, “la administración minera, sin la publicidad legalmente establecida, ha otorgado el título de la referida concesión" del yacimiento a Minera Los Frailes. De haberlo hecho, a su juicio, “sería claramente objeto de un nuevo delito de prevaricación”, dado que “no han culminado las tramitaciones de la Autorización Ambiental Unificada (AAU)” ni las “del Plan Especial regulado por la Ley 7/2002” ni las de “la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) asociada”. De ahí que los conservacionistas consideren “necesario y relevante para la presente investigación” actualizar el contenido del análisis de noviembre de 2018.

Amarrados a esa creencia solicitan al juzgado que se comunique a Minera Los Frailes la existencia de las diligencias judiciales para que “tome conocimiento de la investigación penal que se está llevando a cabo" ya que "atañe directamente a la propia legalidad de los derechos mineros que dice ostentar”; y sepa del “riesgo económico que asume continuando con su proyecto”.

Pretenden luego que “se libre oficio” al representante legal de esa sociedad para que aporte al órgano judicial una “copia autentificada de la Resolución de otorgamiento” de “la concesión minera denominada Zona Aznalcóllar” y otra documentación ligada a ella; y que se reclame a distintos puntos administrativos otras copias que permitan saber si “se ha producido alguna modificación” en el aludido informe del jefe de servicio en relación a lo expuesto. Parece que en este proceso judicial minero el punto que se puso no era final, sino sólo aparte.