La vivienda reaviva el enfrentamiento entre el Gobierno y Andalucía

El debate sobre la vivienda volvió a situarse ayer en el centro de la confrontación política entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara este domingo en Málaga la retirada de los pisos turísticos detectados como ilegales. La medida, que afecta a más de 16.700 anuncios en plataformas digitales solo en Andalucía, fue recibida con un rechazo frontal por parte del Ejecutivo autonómico y del sector, que denunciaron una invasión de competencias y un golpe a la economía.

En este contexto, el presidente andaluz, Juanma Moreno, advirtió de que el Estado «no tiene competencia, lo único que puede hacer es obligar a que no se publiquen en ciertos portales» y consideró que, en la práctica, los arrendadores podrían volver a poner en circulación esos pisos. Avanzó que la Junta estudia acciones legales por esa supuesta extralimitación y criticó que hubiera «mucho fuego de artificio en la política de vivienda del señor Sánchez y poca realidad». Defendió, por otro lado, que la nueva normativa andaluza presentada la semana pasada «puede generar soluciones a un problema tan complejo» y pidió que la vivienda no se utilice como «un instrumento político».

Al hilo del presidente, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, calificó de «electoralista» el anuncio de Sánchez y señaló a la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central como la responsable de tensionar el mercado. Recordó que en Andalucía la Junta trabaja con los ayuntamientos para ordenar las VUT y reprochó al presidente que hubiera visitado promociones financiadas con fondos europeos gestionados por la comunidad. «Estamos muy acostumbrados a los anuncios del presidente del Gobierno», afirmó, antes de subrayar que en esas promociones el Estado «no aporta ni un solo euro» y que Sánchez había acudido a Andalucía a «presumir de una gestión que no es suya».

Además, el sector de las VUT, representado por Avvapro, también denunció que la medida supone un «ataque directo a las competencias autonómicas». Según sus datos, muchas de las viviendas señaladas por Sánchez disponen de autorización legal en Andalucía y que el conflicto se debe a fallos del Registro Digital Único. A su juicio, «pretender convertir este problema administrativo en una ilegalidad masiva es un intento de manipulación de la opinión pública intolerable». La asociación insistió en que «retirar anuncios de las plataformas no equivale a retirar licencias» y alertó del riesgo de dañar un sector que sostiene miles de empleos en Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada.

Desde el Gobierno central, el delegado en Andalucía, Pedro Fernández, defendió que la actuación del Ejecutivo busca frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda como derecho. Insistió en que la detección de viviendas turísticas irregulares «tendrá un impacto importante para miles de familias andaluzas que tendrán la oportunidad de acceder a una vivienda en alquiler a un precio más razonable». Asimismo, Fernández recordó que el Estado triplica la aportación autonómica al Plan de Vivienda 2022-2025 y que desde 2018 ha transferido más de 1.270 millones de euros a la comunidad. El delegado reclamó además que la Junta aplique la Ley de Vivienda, incluida la declaración de zonas tensionadas, y que acompañe las medidas estatales en lugar de bloquearlas.

En paralelo, el sector inmobiliario, a través de Unexia, valoró la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, pero pidió recuperar la creación de un registro de agentes inmobiliarios para proteger a consumidores y combatir el intrusismo y la competencia desleal.