Tribunales

Denuncian a CC OO y UGT por apropiarse de 6,7 millones de euros

Se les atribuye un presunto delito continuado de malversación por no devolver al Gobierno andaluz 6,7 millones de euros

En la imagen, los ex líderes de CC OO-A y UGT-A, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente15/11/2011
En la imagen, los ex líderes de CC OO-A y UGT-A, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente15/11/2011larazonEUROPA PRESS

No han simulado no mirar, al contrario. La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia penal contra las antiguas cúpulas andaluzas de los sindicatos UGT y CC OO por no devolver al Gobierno autonómico 6,7 millones de euros recaudados gracias a lo que cobraron a trabajadores que descansaron en residencias de tiempo libre de la comunidad. El Ministerio Público apunta a un presunto delito continuado de malversación de fondos públicos, si bien rebaja la cuantía que se debe a la Junta, ya que ésta reclamó de inicio a las dos organizaciones sindicales unos 7,4 millones.

En la denuncia remitida a los juzgados sevillanos, como adelantó ayer «Diario de Sevilla» y confirmaron fuentes judiciales a LA RAZÓN, la Fiscalía relata que entre los años 2003 y 2006, CC OO-A se había apropiado supuestamente de 4.025.433 euros, mientras en el caso de UGT-A, la cuantía que debería haber repuesto a las arcas públicas sería de 2.699.365, según se refleja en un informe elaborado por la Guardia Civil.

Del lado de CC OO-A los denunciados son los ex secretarios generales Julio Ruiz y Francisco Carbonero, junto a las ex secretarias de Servicios Juana Mancilla y Maribel Hernández. Por lo que respecta a UGT-A, los señalados han sido el ex secretario general Manuel Pastrana y el ex secretario de Administración Federico Fresneda. Al margen de los sindicatos, el Ministerio Público acusa de prevaricación administrativa por omisión a los ex directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, al entender que era su obligación que las entidades sindicales ingresaran el dinero.

Fue el propio Ejecutivo regional el que puso una denuncia en julio de 2019 por este asunto al apreciar los abogados del Gabinete Jurídico de éste indicios graves de delito, a raíz de la cual la Fiscalía incoó diligencias de investigación.