Parlamento Regional

Vox marca el camino a Serrano: sus diputados «firman» que si dejan el partido, devuelven el acta

La formación admite que no puede obligar al juez a abandonar su escaño en el Parlamento autonómico, pero cree que sería lo lógico. El PP lo comparte, al entender que «los ciudadanos han votado unas siglas»

En la imagen, el ex presidente del Grupo Parlamentario de Vox y juez en excedencia, Francisco Serrano
En la imagen, el ex presidente del Grupo Parlamentario de Vox y juez en excedencia, Francisco SerranoManuel OlmedoManuel Olmedo

Pareciera que ya no hay tiempos sólidos. La trayectoria política del juez en excedencia Francisco Serrano lo evidencia. De ese carrete se pueden destacar algunas fotos fijas. En 2015 se convirtió en el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía aupado por su combate contra el «lobby de género», aunque no cosechó los votos suficientes para lograr representación parlamentaria. En 2018 sí desembarcó en la Cámara andaluza con otros once diputados, pero la portavocía del grupo le duró poco. Lo nombraron presidente y en junio de 2019 realizó unas polémicas declaraciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condenó a los miembros de la llamada «Manada» de las que la formación que lidera en el país Santiago Abascal se desvinculó. Es más, estuvo de baja médica más de un mes y volvió al filo de las vacaciones. Nunca recuperó el foco. Ahora ha abandonado el partido, después de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya interpuesto una querella criminal contra él al considerar que existen indicios de fraude en la subvención de 2,5 millones de euros que su empresa Bio Wood Niebla recibió del Gobierno central en 2016, tras una primera denuncia presentada por el portavoz de la Federación de Consumidores en Acción (Facua), Rubén Sánchez. Ni se realizó el proyecto para el que se asignó la ayuda, una fábrica de pellets, ni se ha devuelto el dinero.

Ha dejado las filas de Vox, pero no su acta de diputado, lo que le permite mantener el aforamiento, un cierto privilegio judicial que tienen los parlamentarios gracias al que son encausados y juzgados por determinados tribunales. Serrano pasará al grupo de no adscritos, en el que ya se encuentra la también ex diputada de Vox Luz Belinda Rodríguez. Desde su antigua bancada rehúsan valorar lo sucedido, pero dejan claro que el juez «ya no pertenece» a su grupo. En cuanto al acta, fuentes de la formación apuntan que «la legislación electoral establece que corresponde a la persona, no al partido» y «es un tema que no tiene marcha atrás». Si bien, el portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, aporta a LA RAZÓN un matiz significativo: «El acta formalmente es de los diputados, pero cabe destacar que los de Vox firmamos un documento diciendo que, en el caso de que dejemos el partido, devolveremos el acta al partido». «Otra cosa muy diferente», hilvana, es que si alguien se marcha de la formación, ésta «no tiene capacidad para disciplinar ni para obligar», admite. Y remata: «Eso es una realidad. Pero obviamente no nos da igual».

De hecho, hay entre sus ex compañeros quienes reconocen que les ha «sorprendido» que el juez no «se haya ido del todo». «Sería ilógico no hacerlo, con una investigación ya en fase avanzada», anotan las fuentes consultadas.

Lo mismo cree el PP, cuya alianza con Vox permitió que arrancara la legislatura con un Gobierno autonómico encabezado por el popular Juanma Moreno y con Cs como socio. Su portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, sostiene que Serrano debería dejar el acta. «Lo deseable es que cuando se produce una divergencia de este tipo, el afectado deje el acta porque al final los ciudadanos han votado unas siglas que ahora ya no le representan», se ha explicado. «Si no lo hace, él sabrá», lanzó en una entrevista en Canal Sur, para mostrar luego su confianza en que este episodio «no genere más tensión en el Parlamento» y anotar que «la mayoría que da estabilidad» al Ejecutivo regional «sigue garantizada». Una opinión que comparten otras fuentes de la Cámara, que auguran que los dos no adscritos «votarán en línea» con su anterior grupo.

Pero si Serrano se aferra a su escaño, el paso dado en el ámbito judicial seguirá sobrevolando el plenario. Ya ayer el portavoz adjunto de Adelante Andalucía, José Ignacio García, instó a Vox a devolver dietas y subvenciones al tener a su «candidato acusado de un presunto fraude de subvenciones», en referencia al magistrado. Hernández le replicó que, a diferencia de otras fuerzas políticas, ellos quieren que «el que la haga, la pague, sea quien sea».

«Para evitar posteriores discusiones, el señor Serrano ha dejado de ser parlamentario de Vox, así es que en lo sucesivo no mezclen churras con merinas», pidió. Para volver a la carga: «Si al final, la Justicia determina que uno de los nuestros es culpable de un delito, sea cual fuera, todavía aún más», dijo, y reprochó a Adelante que ellos diferencien «entre según quien».

Al «caso Serrano» se agarró también el PSOE-A, en concreto su secretario de Organización, Juan Cornejo, para afearle al presidente de la Junta, Juanma Moreno, su «silencio».

Un saldo bancario de 15.314 euros

La última nómina del diputado Francisco Serrano reflejaba un sueldo de casi 3.080 euros netos, que incluía el complemento que le correspondía como presidente del grupo de Vox y que ahora perderá. De acuerdo a su declaración de actividades y bienes, accesible en la web del Parlamento y fechada el 17 de octubre de 2019, el saldo total de sus cuentas bancarias era de 15.314 euros. A éstos se suma la mitad de una vivienda en Sevilla y de otra en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), si bien, constan dos créditos hipotecarios. Cuenta también con participaciones en un despacho de abogados por un valor de 62.252 y con un seguro de vida de 120.000.