La Junta reclama al Gobierno más información sobre los criterios de distribución de los fondos europeos

La Junta de Andalucía pide al Gobierno central más información sobre el reparto de los fondos europeos que financiarán las políticas para superar la crisis provocada por la pandemia. “El Gobierno andaluz viene solicitando al Gobierno de España, desde finales de julio, datos sobre este instrumento de recuperación y ofreciendo cooperación leal para su implementación eficaz”, ha explicado el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento andaluz.

El consejero ha insistido en que “los recursos de la UE no se asignan al Gobierno de España, sino a todos los niveles de la administración española: central, autonómica, provincial y municipal, de la mano de las empresas y representantes de la sociedad”. Otro de los factores clave en el reparto de los fondos europeos se concreta, según Juan Bravo, en los criterios elegidos para su reparto, que deberían ser los mismos que utiliza la UE para la distribución entre estados miembros: población, desempleo y PIB. El Gobierno andaluz fija en unos 23.000 millones el tramo de transferencias directas, si se aplican dichos parámetros, lo que equivaldría al 32% del total de 72.000 millones.

Estos recursos apoyarán proyectos en los ámbitos recomendados por la UE: aumento de la competitividad y la productividad del trabajo en las empresas andaluzas, economía circular y revolución verde, transformación digital, I+D+i y educación, “prioridades que el Gobierno de la Junta de Andalucía comparte al 100%”, ha apuntado el consejero.

Ejecución 2014-2020

Respecto al grado de ejecución de las actuaciones programadas para el periodo 2014-2020, transcurridos los cinco primeros años del marco de financiación, “el Gobierno anterior sólo había certificado ante la Comisión Europea el 19,78% del total de los fondos”. Andalucía tiene asignados en dicho período 8.353 millones de euros, de los cuales el Gobierno anterior certificó 1.500 millones entre 2014 y 2018 y el Gobierno actual, 1.003 millones en 2019. A esto se suma, ha recordado el consejero, que las auditorías de la Intervención General de la Junta de Andalucía y los controles de la Dirección General de Fondos Europeos, desde enero de 2019 a enero de 2020, registraron 120 millones de euros que se han descertificado debido a irregularidades de la etapa anterior en su ejecución. A estas auditorías seguirán otras en 2020, actualmente en curso, así como en 2021, 2022 y 2023.

Para evitar perder el dinero consignado por Europa, el actual Gobierno tuvo que poner en marcha medidas para la reactivación en la gestión de los fondos, la reprogramación de los recursos, dotación de instrumentos financieros e introducción de tecnologías para la óptima explotación de la información. En este sentido, Bravo ha destacado dos aspectos del balance de la gestión del Gobierno andaluz a lo largo de 2019 en materia de fondos europeos: “la eficacia de las medidas para revertir la situación encontrada y rebajar el riesgo de devolución de recursos y el esfuerzo realizado por todas las Consejerías, que se han volcado para alcanzar los objetivos de certificación impuestos por Bruselas”. “Estos objetivos, a 31 de diciembre de 2019, se han superado ampliamente, con un grado de ejecución de 4.026 millones”. De ellos, mientras del Gobierno actual ha logrado impulsar 1.646 millones en un año, el resto, 2.380 millones, se desarrollaron entre 2014-18.

Bravo, que ha agradecido el trabajo realizado por el consejero Rogelio Velasco en este área, ha destacado que la Junta sigue trabajando en “la puesta en marcha de herramientas de gestión, bajo los principios de simplificación, automatización, racionalización, no duplicidad y flexibilidad” y que está ultimando la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), apostando por la consolidación de plazas y la profesionalización.

Por otra parte, el consejero ha subrayado que ya está en funcionamiento la estructura de coordinación que se encargará de agilizar y supervisar los procedimientos administrativos y financieros de los fondos europeos, actuando como contacto entre cada departamento de la Junta y la Consejería.

Marco 2021-2027

Para adaptar el marco comunitario actual a la pandemia, la Comisión Europea ha aprobado la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, un conjunto de modificaciones legislativas en los reglamentos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) que flexibilizan su uso y permiten movilizar el máximo de sus recursos financieros en la lucha contra la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19. A su vez, la Junta de Andalucía está modificando los Programas Operativos a través de los cuales gestiona sus fondos estructurales y de inversión para adaptarlos a la nueva realidad.

En este sentido, la Junta estudia con el SAS los tipos de gasto que se van a imputar a fondos europeos, así como la cuantía final, y abre una línea nueva de subvención a fondo perdido para cobertura de capital circulante de PYMEs y autónomos, por un importe de 50 millones. Además, se aplica una tasa de cofinanciación del 100% para los programas FEDER y Fondo Social Europeo (FSE) 2020-2021. “Este punto es especialmente importante”, ha dicho el consejero, “ya que durante el año contable europeo, el gasto certificado a Bruselas irá a una tasa de cofinanciación europea del 100%, ahorrándose la Junta de Andalucía su cuota de autofinanciada, lo cual resultará sin duda esencial para cumplir el déficit de este año y probablemente del siguiente”.

Para el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), se ha abierto una reprogramación de emergencia que incluye en nuestro Programa de Desarrollo Rural Andalucía 2014-2020 (PDR) una medida de choque que permite establecer ayudas de compensación por pérdidas en el sector agrícola (primario y secundario) como consecuencia de la crisis del COVID-19. Esta reprogramación cerrará también el establecimiento de un instrumento financiero de garantía que elaboran Junta y Banco Europeo de Inversiones (BEI), que facilitará el crédito al sector y que ayudará a paliar los efectos de la crisis económica en el mundo rural.