Andalucía pide que las entregas a cuenta sigan igual en 2021

El Gobierno andaluz ha trasladado su “incertidumbre” sobre su capacidad financiera para 2020, por lo que ha demandado al Ministerio de Hacienda que las entregas a cuenta “se mantengan en 2021 como en 2020” y ha expresado sus dudas sobre la existencia de “mecanismos de financiación adicional”, planteamientos que esgrimirá en la nueva convocatoria este lunes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que será telemática.

Fuentes del Gobierno andaluz han señalado a Europa Press que, “aunque llegue tarde, valoramos positivamente que por fin se haya convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), como llevamos semanas reclamando desde Andalucía”.

La reunión del órgano de coordinación entre Gobierno y comunidades autónomas en financiación autonómica será la segunda de este año, tras la última, que celebró el 7 de febrero.

El encuentro tiene lugar con el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la suspensión de las tres reglas fiscales (objetivo de déficit, regla de gasto y deuda pública) para todas las administraciones durante el ejercicio 2020 y 2021, una vez que la Comisión Europea decidió extender también al próximo año la autorización a los Estados miembros de no estar sometidos a esos parámetros.

El Ejecutivo autonómico se lamenta de afrontar la reunión del Consejo de Política Fiscal “sin conocer previamente la propuesta del Gobierno, para que las comunidades autónomas la podamos analizar y debatir”. “Tememos que otra vez impere la imposición, la unilateralidad y la falta de consenso”, han apostillado estas fuentes.

Con independencia del contenido del encuentro, la demanda de Andalucía al Ministerio de Hacienda se encamina a reclamar que sus medidas sean neutrales desde un punto de vista de su repercusión financiera, para que “las decisiones que tome no afecten a la sostenibilidad de Andalucía y a nuestra economía a medio y largo plazo”.

El Ejecutivo autonómico ha expresado su exigencia de “responsabilidad en el gasto” al argumentar que “no podemos hipotecar a las futuras generaciones”. “Teníamos incertidumbre sobre qué capacidad financiera vamos a tener las comunidades autónomas y la seguimos teniendo”, han esgrimido estas fuentes.

El Gobierno andaluz argumenta que “nuestra propuesta sí la conoce el Gobierno” al remitirse a la declaración firmada en Sevilla el 18 de septiembre por comunidades autónomas presididas por el PP, Andalucía, Madrid, Región de Murcia, Galicia, Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta, con aspectos como el reparto de fondos que la UE proporcionará a España por el impacto de la pandemia del coronavirus, así como el mantenimiento en 2021 de las entregas a cuenta recibidas en 2020.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, hizo el miércoles el anuncio en el Congreso de los Diputados de la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021.

Montero supeditó el anuncio a la aprobación del techo de gasto en el Consejo de Ministros en los Presupuestos Generales del Estado y presente sus previsiones de déficit, deuda y gasto para este año y el siguiente, pero no los objetivos de estabilidad, que no se aprobarán y, por tanto, no se votarán en las Cortes Generales.

La suspensión de las reglas fiscales implica que las comunidades autónomas y los ayuntamientos no estarán sujetos a unos objetivos de déficit, gasto y de deuda a la hora de elaborar sus Presupuestos, pero si lo harán “teniendo en cuenta las tasas de referencia” que presentará el Gobierno a las comunidades, según las explicaciones de la ministra de Hacienda.

Montero aseguró el miércoles que informará de esta referencia a las comunidades autónomas este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que debatirán la vía con la que el Gobierno buscará que estas administraciones “no tengan que hacer ningún tipo de política de ajuste”.

La ministra de Hacienda aseguró que las comunidades “podrán contar con recursos homologables” a los recibidos en 2020, bien mediante las entregas a cuenta o del fondo puesto a disposición para hacer frente a los efectos de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Montero explicó a los medios que la suspensión de las reglas fiscales no exime a las administraciones de cumplir con los plazos del pago a proveedores ni tampoco con el compromiso de responsabilidad fiscal. “Se suspenden las reglas fiscales, pero no la responsabilidad fiscal que tenemos las administraciones”, aclaró.