"Alertadores de corrupción” arrancan a la Fiscalía una reunión sobre la directiva europea para protegerlos

Lo que no tiene matices puede ser abrumante y hay matices de suma importancia. Roberto Macías, ex trabajador del sindicato UGT-A, fue condenado recientemente a dos años de prisión por filtrar información confidencial de la organización sindical, aunque se le aplicó la atenuante de «dilaciones indebidas» por el chispeo de retrasos que acumuló la causa. Pero él insiste en que es un «alertador de corrupción», lo que se ha llamado «whistle-blower» en inglés, y critica que la Justicia española «se resista a aplicar» la directiva europea vinculada a ese tipo de denunciante, lo que implica un obstáculo para quien se atreva a dar ese paso. Desde esa convicción, el pasado octubre remitió una carta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en su nombre y en el de otros 27 denunciantes de distintos puntos del país, entre ellos Andalucía, y ligados a casos como Gürtel, Acuamed o las irregularidades detectadas en los cursos de formación; para solicitarle amparo y una reunión en la que abordar aspectos de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Ésta entró en vigor en diciembre de 2019 y pretenden que se dicte una instrucción a las fiscalías que les permita reconocer y aplicar sus principios en tanto se ultima el texto legislativo. Ese escrito ya tiene respuesta, aunque no directamente de Delgado.

Según ha podido saber LA RAZÓN, ha sido el jefe de la Secretaría Técnica, «que es el órgano encargado de realizar los estudios y trabajos técnicos preparatorios» sobre el mencionado asunto, según se explica en el documento fechado el 28 de octubre en Madrid, quien ha trasladado a Macías su «voluntad» de encontrarse con ellos para conocer «sus valiosos puntos de vista» y sus «propuestas en la materia». Pero el ámbito judicial tampoco ha escapado a la tormenta del coronavirus y desde la Secretaría Técnica les han transmitido que, teniendo en cuenta la actual situación sanitaria, «como se dispone en los decretos de la fiscal general de 3 de junio y 27 de octubre de 2020, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la L3/2020 de 18 de septiembre, la atención al público en las fiscalías se realizará preferentemente por vía telemática». En consecuencia proponen al grupo de alertadores dos fechas para mantener este mes una reunión por videoconferencia con representantes de la Fiscalía. La presencia de Delgado estará condicionada a su «concreta disponibilidad» el día que finalmente se fije la cita cibernética. Por lo que respecta a la situación de Macías, UGT-A ha planteado un recurso con el que busca anular la atenuante tenida en cuenta en su proceso y pide de nuevo una indemnización por el daño moral que entiende ha causado a la entidad su ex empleado. Éste, de su lado, también ha recurrido y le toca esperar de nuevo hasta que se despeje un futuro sobre el que pende la sombra de la cárcel.