Roca y Muñoz admiten delitos en una causa por operaciones urbanísticas irregulares

En este procedimiento, la sociedad que solicitó la licencia de obras para construir varios bloques lo hizo sin que el suelo fuera de su propiedad y se le concedió el permiso a pesar de los informes en contra

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz
El ex alcalde de Marbella Julián MuñozVictor J BlancoGTRES

El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, el que fuera asesor urbanístico y principal condenado en el caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca, y ocho ex ediles han reconocido varios delitos y se han mostrado este lunes conforme con las acusaciones de la Fiscalía y del Ayuntamiento marbellí en una causa por irregularidades urbanísticas en dicha localidad.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha acogido este lunes el juicio a 14 personas -diez ex responsables del Ayuntamiento de Marbella y empresarios- por una de las causas iniciada hace más de diez años por convenios suscritos por el Consistorio y sociedades desde el año 2000 para llevar a cabo una serie de operaciones urbanísticas relacionadas con urbanizaciones y un centro de ocio.

En la vista, la Fiscalía Anticorrupción ha expresado las modificaciones realizadas en su escrito inicial de acusación, por las que rebaja las penas solicitadas en un principio, y el abogado que representa al Ayuntamiento se ha adherido a dichas conclusiones definitivas. Tras estos, la mayoría de las defensas y acusados han expresado su conformidad con los hechos.

Así, Roca se ha mostrado conforme con un delito de fraude y será condenado en la sentencia que se dicte en las próximas semanas a una pena de seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación. Asimismo, las acusaciones han solicitado que se le impongan otros cinco años de inhabilitación por el delito de prevaricación administrativa.

En el caso del ex alcalde Julián Muñoz, que ha comparecido por videoconferencia desde otro juzgado fuera de la Ciudad de la Justicia, se ha conformado también y ha aceptado los hechos. Para él, la fiscal ha pedido seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación por fraude y 12 meses de cárcel y otros cinco años de inhabilitación por prevaricación urbanística y administrativa.

Tras expresar su conformidad, Muñoz ha pedido que si se podía hacer algo en cuanto a la ejecución de condenas porque los cambios “cada dos por tres” en las hojas de cálculos interfieren en su libertad condicional, “lo que me trastorna mucho”, ha dicho. Al respecto, el presidente del Tribunal ha dicho que su abogado presente el escrito correspondiente.

Los ex ediles han reconocido, igualmente, delitos de prevaricación urbanística y se han conformado con la petición de cinco años de inhabilitación y de cárcel, pena que va desde de los nueve a los 15 meses de prisión, según a la corporación municipal en la que estuvieron.

Además, se ha retirado la acusación para dos de los procesados, uno de ellos el empresario constructor José Ávila Rojas; y la causa se mantiene para otros dos, respecto a los que se celebrará juicio cuando se ponga nueva fecha.

En este procedimiento, según las acusaciones, la sociedad que solicitó la licencia de obras para construir varios bloques lo hizo sin que el suelo fuera de su propiedad; un proyecto que tuvo informes que ponían de manifiesto “la confrontación de las obras con el plan general vigente”, a pesar de lo cual la comisión de gobierno “acordó autorizar el permiso” solicitado en agosto de 2001.

Asimismo, el fiscal indica que el proyecto “se ajustaba a los cambios de parámetros urbanísticos que se concretarían cuatro meses después” entre Roca y uno de los empresarios acusados. Además, apunta que Muñoz firmó el convenio en el que se comprometía a incorporar en el PGOU esas características acordadas, que suponían, dice el escrito, un aumento de la edificabilidad.

Para el ministerio público, posteriormente se llevaron a cabo otros convenios de permutas “con irregularidades” en la justificación y en la valoración de los bienes y apunta que sociedades vinculadas a las anteriores y el Ayuntamiento realizaron trámites urbanísticos para la construcción de un centro de ocio y deporte, con la misma operativa “ilegal” y a pesar de los supuestos informes negativos.