Bravo exige transparencia al Gobierno de Sánchez en el reparto de las ayudas directas

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha criticado al Gobierno central por “imponer” a las comunidades autónomas la gestión de las ayudas directas a pymes y autónomos y le ha pedido transparencia en el reparto entre las regiones. En un coloquio posterior a una conferencia pronunciada en el Forum Executive España en Sevilla, el consejero ha censurado la falta de transparencia del Ministerio de Hacienda en el reparto de los 11.000 millones, de los que 7.000 son ayudas directas y de las que 2.000 millones se asignan a Canarias y Baleares.

”No estamos en contra de Canarias ni de Baleares” pero, igual que se les apoya a las regiones más afectadas por el impacto de la pandemia en el turismo con esas ayudas directas, ha reclamado para Andalucía un mejor trato en la financiación autonómica. Tras lamentar el retraso del Ejecutivo de Pedro Sánchez en poner en marcha dichas ayudas directas, ha alertado de que los pagos se pueden retrasar hasta después del verano y ha apostillado: “Ni los ciudadanos ni las empresas se merecen esto”.

Su intervención ha girado sobre los fondos europeos para la transformación y ha denunciado el retraso del Gobierno en decidir los planes que presentará a Bruselas para optar a dichos recursos, al tiempo que ha avisado del riesgo de que no se ejecuten a tiempo, y entonces se perderían los fondos, así como de la falta de cogobernanza en España. No obstante, Bravo ha emplazado a empezar a ejecutar los planes de transformación orientados a la digitalización de la economía con los recursos con los que cuentan ya las administraciones en España sin necesidad de esperar a que lleguen de Bruselas los “Next Generation” y, posteriormente, certificarlos o no con los fondos europeos.

En relación a la situación de la empresa andaluza Abengoa, el consejero ha apostado por su “continuidad al máximo” porque es una compañía que trabaja en sectores muy potentes como son el agua y la energía y ha apostillado que entre todos “hay que ser capaces de darle respuesta”. Bravo ha defendido que la Junta “ha trabajado para ser parte activa de la respuesta” a los problemas financieros de la firma de ingeniería, pero ha reiterado que no dispone de instrumentos jurídicos para prestarle un apoyo financiero de 20 millones, como le solicitó la empresa al Ejecutivo regional.

Además, ha apostillado que “20 millones” no son “el problema” de Abengoa, que ha presentado concurso de acreedores con una deuda de 6.000 millones de euros.