Andalucía prevé la inmunidad de grupo para principios de julio

Los plazos ya están marcados. La inmunidad colectiva puede llegar a Andalucía a principios de julio, según explicó el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ya se han puesto 3,5 millones de vacunas y se espera que llegue un millón de dosis semanales. Con ello, además de las vidas que se pueden salvar, parte de la campaña de verano puede aupar la economía andaluza. El Observatorio Económico de Andalucía mantiene su previsión de crecimiento para la economía andaluza, con una estimación de un 6% este año, que podría ser de un punto más si se activan los Next Generation. Se ve la luz al final del túnel aunque lo urgente ahora es gestionar la pandemia sin las facultades del estado de alarma. Para afrontar el «caos» normativo, el Gobierno andaluz negociará con los grupos de la oposición una reforma de la Ley de Salud Pública de Andalucía para incorporar en el texto la excepcionalidad de una pandemia y cuál debe ser el instrumento que se utiliza para llevar a cabo determinadas restricciones.

El principal partido de la oposición, el PSOE, calificó la propuesta como «chapucera» aunque no se opondría. La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, exigió a Moreno que deje de confrontar con el Gobierno central, adopte medidas y «no se esconda detrás de los tribunales». El socio parlamentario de PP y Cs en la Junta, Vox, por su parte, señaló que recurrirá a los tribunales la limitación de derechos fundamentales. La propuesta que el Gobierno andaluz ha enviado a los grupos parlamentarios para acordar una reforma exprés de la Ley de Salud Pública incluye el cierre de los municipios con una tasa de contagios superior a 1.000 y la posibilidad de «controlar o limitar» el movimiento de personas en esa zona, según recogió Efe. El texto recoge una modificación del artículo 78 de la ley de Salud Pública de Andalucía, del 2011, de forma que en situaciones de pandemia o epidemia las autoridades sanitarias puedan adoptar medidas para «controlar o limitar» las entradas y salidas de un municipio y el movimiento de personas dentro de él, «con afectación al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, o al derecho de reunión». Estas medidas se tomarían siempre que la valoración del riesgo sanitario lo justifique, «con carácter urgente y necesario». De momento, el comité territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Granada ha propuesto confinar de nuevo Montefrío y volverá a pedir el aval del TSJA, inicialmente denegado a diferencia de lo sucedido en otros tres municipios andaluces. También lo pedirá para La Campana (Sevilla). El vicepresidente y consejero de Justicia, Juan Marín, señaló que no se puede culpar a los jueces del «caos» tras el fin del estado de alarma porque «el único culpable» es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, defendió que las comunidades disponen de un «arsenal normativo». El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, por su parte, lamentó que la actual legislación ha «obligado» a que los jueces se conviertan en las personas encargadas de «gestionar» el fin del estado de alarma.

El presidente de la Junta exigió de nuevo al Ejecutivo central que evite el «caos» generado con el fin del estado de alarma en cuanto a los cierres perimetrales e insistió en que «no se puede dejar el gobierno en manos de jueces».