Sanidad y prisiones: el traspaso que no llega

Hay que hurgar en la memoria para rastrear el origen del proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades y conocer si va sobre carriles o no. En Andalucía ese ecosistema está formado por 13.000 reclusos, 400 profesionales sanitarios, 14 cárceles, cinco de inserción social y un hospital psiquiátrico. Los diputados autonómicos no adscritos José Ignacio García y Ángela Aguilera se interesaron por este asunto y en una respuesta escrita, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento regional número 581, el titular de Salud y Familias, Jesús Aguirre, les indicó que fue en 2013, cuando «la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dejó sin efecto» el convenio que existía para «la atención hospitalaria de la población reclusa» de la comunidad y desde entonces el sistema sanitario público autonómico atiende a esas personas «sin ninguna compensación económica».

Ha habido, relata el consejero, «numerosos intentos» por parte de su departamento de «retomar» el diálogo y, en concreto, el 20 de noviembre de 2018, «se celebró una reunión con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias» en la que se pactó formar un grupo de trabajo entre ambas instituciones para «abordar todos los aspectos relacionados con la transferencia de la sanidad penitenciaria». Si bien, los procesos electorales regionales y generales que hubo en diciembre de 2018 y en noviembre de 2019, respectivamente, provocaron un parón en las negociaciones.

No fue hasta el 12 de junio de 2019 cuando en otro encuentro, Aguirre manifestó «la voluntad de asumir» ese servicio y se inició «un periodo de análisis previo con la constitución de un nuevo grupo de trabajo» que debería aportar certidumbres suplementarias sobre varios puntos: «Las transferencias sanitarias, la liquidación de la deuda pendiente» y la «redacción» de un convenio de colaboración entre las dos administraciones «como elemento transitorio hasta la materialización» del traspaso de competencias. Ese ente se reunió el 12 de noviembre de 2019 y el 21 de enero de 2020 para debatir temas relacionados con «infraestructuras, dotación de profesionales sanitarios, equipamiento, y ordenación sanitaria que permitan garantizar que la población reclusa pueda disfrutar de los mismos derechos en asistencia sanitaria que el resto de ciudadanos andaluces», en palabras del consejero.

La cesión que se ha de llevar a cabo en la región, dado el volumen de elementos en juego, es «mucho mayor» que las realizadas hasta ahora por la Secretaría General implicada a otros territorios como el País Vasco o Cataluña, por eso se acordó «añadir dos subgrupos de trabajo que funcionaran simultáneamente, uno para la evaluación económica y otro para tecnologías de la información», que se comenzaron a constituir en el primer trimestre de 2020. Pero entonces, la pandemia sacudió el mundo y la declaración del estado de alarma en España volvió a frenar la actividad. Hay que esperar a noviembre de 2020 para el reinicio de los contactos con el fin de reactivar la labor de esos grupos, pero la Secretaría propuso un aplazamiento hasta que la situación sanitaria del país se estabilizara.

Cuando se retome la actividad habrá que afrontar un abanico de cuestiones en el aire: «Los pagos debidos» al sistema sanitario regional por parte de la Administración penitenciaria, un «requisito previo» señalado en una proposición no de ley que se aprobó en la Comisión de Interior del Congreso en 2016; y el citado convenio de colaboración que fije «el marco adecuado»para la transferencia de los servicios «con la correspondiente asignación financiera y las condiciones óptimas de recursos humanos y materiales que garanticen la prestación de la asistencia sanitaria penitenciaria al mismo nivel de calidad y de equidad que a los demás ciudadanos de Andalucía». Será el Ministerio de Política Territorial y Función Pública el que tenga que marcar «el calendario de abordaje de este asunto en la Comisión Mixta de Transferencias», de acuerdo al relato de Aguirre.

En ese escenario, ¿se atiende bien ese área sanitaria en la región? LA RAZÓN ha trasladado esta pregunta a Francisco Amaya, presidente del sector de la Administración General del Estado (AGE) en CSIF-A, quien afirma que «la sanidad en las cárceles están funcionando relativamente bien, pero porque hay muy buena relación sobre todo entre el personal de prisiones y el sanitario extra penitenciario». Se manejan, dice, «casi de persona a persona» o, formulado de otro modo, el que la maquinaria marche «no depende de estructuras», sino «del nivel personal profesional», lo que, a su juicio, no es lo más conveniente.

Cree que la «decisión política» de la transferencia está tomada, pero «el problema es el dinero». En ese punto expone que sus usuarios son a menudo «pluripatológicos». Menciona el VIH, la hepatitis C o «tratamientos psiquiátricos prolongados que tienen un coste muy elevado», admite. Anota luego que los médicos que operan en esa órbita «cobran entre 600 y 1.000 euros menos» que los del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con lo que habría que abordar «subidas de salarios», una «redistribución de medios» o el ajuste de sistemas informáticos sanitarios -en las prisiones se usa OMI, mientras en el SAS operan con Diraya, por ejemplo-. En definitiva, lo que queda por delante no es una tarea lisa.