El enfoque de infancia en los Presupuestos, clave para avanzar en la protección

La infancia es una de las etapas más importante de la vida de una persona ya que durante esta época se desarrollan aspectos tan decisivos como la capacidad social y afectiva, las emociones o el aprendizaje. Por estos motivos, y con el objetivo de garantizar el bienestar de los niños y las niñas, la protección de la infancia es un derecho recogido en el artículo 39 de la Constitución Española (CE) y en los diferentes acuerdos internacionales. No obstante, parece que durante años la infancia y la adolescencia han estado alejadas de las principales preocupaciones de la sociedad. Sin embargo, la pandemia provocada por la irrupción de la Covid-19 ha puesto de relieve la situación de vulnerabilidad que viven miles de niños en el país y ha movilizado a las administraciones, entidades sociales y a la sociedad en general para buscar soluciones efectivas que pongan fin a situaciones de desigualdad y pobreza.

Bajo estas premisas, el 5 de julio tuvo lugar en el restaurante Abades Triana de Sevilla la mesa redonda organizada por LA RAZÓN «La protección a la infancia». En el acto, moderado por el jefe de sección en Andalucía, el periodista Miguel González, participaron Antonia Rubio, directora general de la Infancia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía; Maribel Martínez, coordinadora de Unicef Andalucía; Miguel Ángel García Hidalgo, presidente de la Federación Andaluza de Familias de Acogida y Colaboradoras de Andalucía; y Diego Gómez, presidente del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores.

La pandemia ha mostrado las desigualdades que existen en Andalucía entre familias y las dificultades a las que se han enfrentado los niños y niñas. En este contexto, Rubio abrió el debate asegurando que «el impacto de la covid afectó especialmente a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables» con situaciones como «la pérdida de empleo o la brecha digital y territorial». Además, lamentó que ese espectro de la población estuvo más afectado «a nivel de salud mental» que el resto y que la pandemia les ha supuesto un retroceso en el seguimiento del curso escolar. Por su parte, Martínez hizo referencia al estudio de Unicef «Impacto de la crisis por Covid-19 sobre los niños y niñas más vulnerables», del que se desprenden datos tan alarmantes como que en 2019 el 40,8 por ciento (unas 650.000 personas), según el umbral nacional, y el 29,5 por ciento (unas 470.000), según el umbral autonómico, de menores de 18 años en Andalucía están en riesgo de pobreza o exclusión social. Con esta información, la coordinadora de Unicef Andalucía lamentó que la situación de crisis «va a empeorar muchísimo más esos datos», aseguró que los niños más vulnerables sufrieron «una situación de indefensión» y explicó que los niños de los colectivos de migrantes, sistema de protección, etnia gitana, con discapacidad o lgtbi sufrieron más situaciones de «ciberacoso y estrés». Además, hizo hincapié en los miembros de familias «monomarentales» porque «muchos de los trabajos que se han perdido son trabajos feminizados», aclaró.

Cuando comenzó la pandemia y se decretó el cierre de los colegios, los niños se enfrentaron a una situación complicada que tuvieron que aceptar y asimilar. Para Rubio, uno de los temas más relevantes en el momento que se dio esta situación fue «la visibilidad en la que quedaba la infancia» y, en el caso de los más vulnerables, aclaró «que los centros educativos son espacios de protección en los que se pueden prevenir determinadas situaciones» como el amparo ante la violencia. Por su parte, Gómez aseveró que «el foco se ha puesto sobre todo en el impacto del Covid-19 en la salud de los adultos y la economía» y señaló que «hay que prestar atención al impacto psicológico y psicosocial de la pandemia en los niños y adolescentes», cuyos estilos de vida se han visto totalmente alterados.

Por otro lado, la directora general de la Infancia hizo referencia a los menores que están en acogimiento residencial en los centros de protección de menores. «Llegó la pandemia y hubo que habilitar recursos para que los niños pudiesen seguir el cursos escolar», explicó, para añadir que «han tenido un comportamiento ejemplar» y que se está desarrollando un trabajo a nivel psicológico «mucho más intenso» con ellos. El presidente de la Federación Andaluza de Familias de Acogida aseguró que «actualmente el entorno social va de la mano de los centros educativos» y recordó que «ha habido un segmento importante de menores con necesidades especiales que por ser de alto riesgo han estado en situación de confinamiento hasta hace prácticamente dos semanas».

Todos los ponentes resaltaron la capacidad de resiliencia, la responsabilidad y la manera positiva en la que los menores están afrontando la situación de crisis para superar las adversidades. A este respecto, Rubio manifestó que «la pandemia ha puesto en evidencia aspectos que tenemos que mejorar de manera inmediata» como «buscar un equilibrio» en el uso de las tecnologías. Por su parte, la coordinadora de Unicef Andalucía explicó que «los niños y las niñas merecen una atención constante por parte de la Administración».

Durante el coloquio, los ponentes insistieron en las diferencias territoriales que existen en Andalucía. En este sentido, los menores que residen en zonas rurales han podido disfrutar más de la naturaleza y no han tenido que convivir, mayoritariamente, en viviendas de espacios reducidos como ocurre en el entorno urbano, algo que ha dificultado la conciliación familiar y laboral. Gómez explicó que ahora «se requieren más medidas de protección» que potencien la educación en el ámbito de la creatividad y en la que «se preparen para ser los adultos del futuro». La coordinadora de Unicef Andalucía aseguró que con la pandemia «se intentó trasladar la clase física a casa» y resaltó que esta situación «debía servir para crear una educación diferente» y para que la digitalización fuera una herramienta para educar en emociones e igualdad. Respecto a las restricciones, los invitados coincidieron en que la infancia quedó relegada a un segundo lugar cuando se implantaron las primeras medidas. En este sentido, la directora general de Infancia de la Consejería de Igualdad insistió en que «la pandemia nos ha enseñado que hay que modificar el modelo academicista de enseñanza» en pro de otro que apueste por la igualdad.

En lo que se refiere al marco normativo y las decisiones que se deben tomar en relación a otros aspectos como la educación, la economía o el empleo, los asistentes insistieron en la necesidad de aplicar siempre el enfoque de la infancia. «No podemos tomar decisiones sin contar con los niños y niñas porque desde el adultocentrismo nos vamos a equivocar», manifestó Rubio. En este contexto, según la Junta de Andalucía, la futura Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que continúa su trámite parlamentario, mejora y amplía la hasta ahora vigente, de 1998, e incluye, de forma pionera, la perspectiva de infancia en los presupuestos públicos. Martínez aseguró que esta norma es muy importante para Unicef porque todos los problemas anteriormente expuestos «se mejoran con una mayor inversión en la infancia». Por su parte, Rubio aseguró que «será un gran avance para Andalucía porque se ha pretendido hacer una ley que tiene un enfoque de infancia y adolescencia en todas las políticas sociales de la Junta de Andalucía». Según informó la Consejería de Igualdad, el acogimiento residencial solo se acordará cuando no exista la posibilidad de una medida de protección de carácter familiar y nunca para menores de trece años. A este respecto, García incidió en que los niños son «víctimas» del sistema y aseguró que «cuando invertimos en infancia y adolescencia estamos poniendo los mejores pilares de un edificio», algo que ratificó Gómez, que añadió que la seguridad que puedan sentir los menores que se encuentran en esta situación «será la base de la propia autoestima» que desarrollen en el futuro.

En la redacción de la nueva ley, que recoge las necesidades surgidas en los últimos 23 años y asume los nuevos escenarios legislativos, han colaborado entidades de todos los ámbitos relacionados con la infancia y profesionales de los equipos de tratamiento familiar, servicios de protección y prevención con más de 400 alegaciones. En este sentido, Rubio destacó que «esta norma recoge que la infancia es una corresponsabilidad de toda la sociedad» y mostró su entusiasmo, junto a los demás componentes de la mesa, por la aceptación que está teniendo entre todos los grupos parlamentarios. Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Familias de Acogida opinó que Andalucía «se encuentra en un momento histórico» en lo que respecta al marco normativo de la infancia y Martínez confirmó que la ley «se ha elaborado con mucho consenso».

Respecto a los niños migrantes no acompañados en Andalucía, la coordinadora de Unicef en la región recordó que el «sistema de protección español obliga a que cualquier niño, niña o adolescente que esté en nuestro territorio tiene que entrar en el sistema de protección» y ahondó en la necesidad de «trabajar en un modelo estatal» en el que todas las comunidades autónomas tengan «corresponsabilidad». Para Rubio, además de lo que opinó Martínez, explicó que la solución también pasa por «invertir a nivel europeo» y aseguró que la «inmigración es un gran valor» que puede ayudar, por ejemplo, a evitar la despoblación y crear empleo en zonas rurales. Ambas ponentes subrayaron la necesidad de la creación de planes internacionales y estatales que ayuden a gestionar crisis como la que ocurrió el pasado mes de mayo en Ceuta. Respecto al acogimiento familiar y residencial de los niños y niñas migrantes no acompañados, la directora general de Infancia señaló que «tienen unas necesidades diferentes» a las que hay que buscar respuestas a través de la formación, la atención psicológica y el acompañamiento hasta los 25 años. Por su parte, García explicó las bondades del acogimiento familiar y garantizó que es más rentable para las administraciones, por lo que insistió en la necesidad de su promoción.

Por último, la mesa abordó la importancia de la igualdad en la educación y los ponentes coincidieron en que se está avanzando en este sentido. Para Gómez, la perspectiva de género se debe incorporar también a los enfoques de infancia y a los presupuestos. Rubio concluyó el coloquio opinando que se debe implantar la educación afectivo sexual desde la etapa de infantil y que «no se puede fomentar la violencia porque haya discrepancias o criterios distintos» en la política y en la sociedad en general.