Una ley para la infancia del siglo XXI

Las dos décadas transcurridas entre la Ley de los Derechos y la Atención al Menor, de 1998, y su sucesora, que se aprobará este miércoles Andalucía, constituyen un abismo social. Hace 20 años, por ejemplo, Internet era una herramienta incipiente y hoy viaja en el bolsillo de la mayoría de los adolescentes, incluso antes de lo recomendado -el 64% de los menores de entre 10 y 15 años tiene móvil propio, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019-. La nueva Ley de Infancia y Adolescencia saldrá adelante en el próximo Pleno del Parlamento con un amplio consenso político, dando respuesta a los numerosos cambios sociales que afectan directamente a los menores de edad. “El mundo ha cambiado tanto que teníamos que entrar en el siglo XXI. El mundo de las nuevas tecnologías, con todo lo que conlleva, había que regularlo”, asegura la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, principal impulsora de la ley, que tendrá 18 meses, a partir de su entrada en vigor, para su desarrollo normativo.

El texto se ha articulado en torno a grandes áreas como la prevención de la violencia, la participación en la promoción de sus derechos o la protección de los menores, además de incorporar la perspectiva de infancia en las políticas de la Junta. De sus 141 artículos, Ruiz destaca las medidas encaminadas a prevenir: “La infancia estaba desprotegida, si no trabajamos desde la prevención, que es lo que realmente funciona”, dice en referencia a la violencia sexual, una amenaza invisibilizada. “No podemos mirar hacia otro lado aunque nos avergüence. Uno de cada cuatro menores europeos va a sufrir violencia sexual. Es escalofriante”, denuncia. La protección a los menores en riesgo es otra de las cuestiones en las que se ha avanzado, estableciendo plazos concretos para la retirada de la custodia ante casos de maltrato, la declaración de desamparo o limitando la permanencia en centros de acogida, favoreciendo el acogimiento familiar. “El lugar donde tienen que crecer los niños es una familia”, defiende la consejera, que adelanta que “el reto es que no haya un niño menor de 13 años viviendo en un centro”. Los adolescentes acogidos tendrán, además, un plan individual de doce meses para que en ese tiempo puedan reintegrarse en su familia de origen, si es posible, o en otra. “Antes no había plazos, podían pasar años”, lamenta.

Otro de los “agujeros” que quiere resolver la ley es la atención a quienes han cumplido la mayoría de edad, elevando a rango de ley la obligación de la Junta de Andalucía de tutelarlos, si así lo requieren, hasta los 25 años. “Estos adolescentes tienen que estar protegidos por la Junta porque somos sus padres y sus madres. Al cumplir los 18 quedaban en tierra de nadie”, explica. Otro de los grandes cambios sociales es la dificultad de los jóvenes de acceder al mercado laboral: la tasa para menores de 24 años es del 51% en Andalucía, según la última encuesta de población activa (EPA). “Con ese nivel de paro es difícil entrar en el mercado laboral. Tenemos que seguir acompañándolos dentro de programas de inserción social y laboral”, insiste Ruiz.

En su exposición de motivos, la ley destaca la necesidad de abordar desde las primeras etapas de la vida “las desigualdades sociales, que repercuten en la morbilidad, mortalidad y el bienestar en la edad madura y en la vejez”. “En las primeras etapas de la infancia existen oportunidades de desarrollo que no se repiten”, advierte el texto. Por ello, contempla establecer un diagnóstico sobre la infancia en Andalucía, con un sistema de indicadores para medir su bienestar real. Ese será el punto de partida para iniciar políticas sociales que permitan revertir “la pobreza estructural” de la comunidad y datos como los arrojados por el índice Arope, que refleja que un 29,5% de las niñas y niños andaluces están en riesgo de pobreza y exclusión. También recoge de manera específica los derechos de los menores migrantes o refugiados que vivan en Andalucía y reconoce a la familia como “el medio natural para el crecimiento”.

Entre las infracciones graves, con multas de hasta 30.000 euros, contempla como la publicidad y promoción de hábitos no saludables o peligrosos para la salud física o mental de los menores o no matricularlos en la educación obligatoria o impedir que asistan regularmente a clase.

Ruiz resalta la garantía de participación como otro de los logros que permitirá la ley, con la creación del Consejo Andaluz de Niñas, Niños y Adolescentes, compuesto por menores de entre 12 y 17 años de edad, como órgano de asesoramiento y seguimiento del plan de infancia y adolescencia vigente. La consejera considera fundamental “planificar unos indicadores de evaluación” y realizar “un estudio impacto obligatorio de infancia” de todas las políticas de la Junta. La ley, que parte con una dotación transversal de 2.500 millones, tendrá “prioridad presupuestaria”, aunque no se garantiza un suelo mínimo de inversión porque “jurídicamente no era posible porque nos lo iban a impugnar”.

La consejera celebra que la práctica totalidad del Pleno del Parlamento la aprobará el próximo miércoles -con la excepción de los once diputados de Vox-. “Se ha mirado a todos los partidos políticos. Había voluntad de negociar porque las grandes leyes tienen que ser aprobadas por consenso y aceptar enmiendas para que perduren”, admite. En este sentido, resalta la “altura política” del resto de formaciones para unir sus fuerzas para crear un nuevo marco normativo acorde a las actuales circunstancias.