Las auditorías contratadas por la Junta de Andalucía confirman irregularidades en la red de entes que creó el PSOE

Abarcadora y compleja. Así es la llamada «Administración paralela» de la Junta nutrida durante años por los gobiernos andaluces socialistas, que consume unos 5.000 millones de Presupuesto y se ha puesto bajo la lupa de consultoras privadas externas contratadas por el Gobierno andaluz de PP y Cs. Las 54 auditorías que se han llevado a cabo han confirmado que las «sospechas» de que «había un sector instrumental –con 92 entes– desproporcionado, poco operativo, lleno de duplicidades y de gastos innecesarios» era «una realidad», según ha aseverado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan Marín.

Entre las conclusiones «más relevantes» del frondoso trabajo de análisis de 6.000 folios, Juan Marín ha destacado que los ejecutivos del PSOE-A que precedieron al actual desarrollaron «una superestructura administrativa paralela en torno a la propia estructura de la Junta» y que dentro de esa red «hay duplicidades de funciones y competencias» entre entes y entre éstos y las consejerías. Se han detectado, asimismo, «deficiencias en la gestión» que habrían provocado, por ejemplo, que la agencia IDEA, implicada en varias causas judiciales y que saltó a la actualidad mediática por ser la caja pagadora de los ERE fraudulentos, tuviera que «descertificar hasta 7,8 millones de fondos Feder por irregularidades en los gastos»; o la «alta morosidad» de Soprea, otra de las sociedades de la Junta. En este punto, desde el Ejecutivo andaluz admiten que se han topado con «dificultades» para que «se puedan reintegrar al erario público fondos mal empleados».

Las auditorias reflejan además «problemas de competencias del personal» y la existencia de «66 convenios colectivos diferentes, 43 propios y 23 sectoriales». Resulta «especialmente llamativo», para Marín, el caso del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) –donde confluyeron trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo (Utdlt), personal de las escuelas consorcio, del Plan Menta, promotores y plantilla de unidades de orientación–, con 14 convenios. Otro dato llamativo que habrían arrojado las auditorías, de acuerdo al resumen de ellas realizado desde la Junta ya que los documentos no se han hecho públicos de momento, es que el 70,4% de los demandantes de empleo no recibió ninguna oferta de trabajo a través del SAE, que habría gestionado 12 ofertas por cada 100.000 habitantes y el 3% de las contrataciones en la región.

El «número dos» del Gobierno autonómico ha apuntado también a «sobresueldos», a salarios «por encima del mercado», al pago de complementos a trabajadores por «sus apellidos» y a que personas con una teórica misma función cobraran distinto, hasta el punto de que un administrativo podría percibir 16.000 euros por hacer su función y otro 48.000 sólo por ocupar otro hueco de la «Administración paralela».

Las recomendaciones plasmadas en las mencionadas auditorías, en un proceso en el que «ha acompañado» la Intervención de la Junta, servirán de base a un plan de mejora y simplificación del sector público empresarial, para cuya elaboración se sacó a licitación un contrato de consultoría, paralizado de momento a la espera de resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, por un recurso que presentó una de las empresas aspirantes.

«Hemos heredado una Administración pública llena de trampas urdidas durante 37 años y una red clientelar perfectamente tejida, una maraña que va a costar mucho trabajo deshacer del todo», ha lamentado Marín. De hecho, ha augurado que completar la reordenación del área instrumental podría prolongarse incluso más allá de una segunda legislatura de este Gobierno, hasta una tercera. Por el camino, no les va a «temblar el pulso», ha advertido, a la hora de «poner o no personal en la calle», disolver entes, reimpulsar otros que ahora no sean viables por falta de liquidez o poner en conocimiento de la autoridad competente ciertas irregularidades. Con todo, el titular de Hacienda, Juan Bravo, ha matizado que serán necesarias manos para la gestión de los fondos europeos que están por llegar y ha recordado que el 50% de los empleados públicos andaluces se jubilará antes de 2030, con lo que eso podría evitar despidos.

Por último, el vicepresidente ha adelantado que PP y Cs pedirán que se cree una comisión en el Parlamento de Andalucía para «evaluar el alcance de las auditorías».