Un ente de los auditados en Andalucía tiene un agujero de más de dos millones y sobrevive con ayudas

Avisan del riesgo de que el ente que gestiona el parque tecnológico de Granada sea a corto plazo insostenible sin subvenciones públicas

Elías Bendodo, Juan Marín y Juan Bravo, de izquierda a derecha, avanzaron esta semana los resultados de las auditorías
Elías Bendodo, Juan Marín y Juan Bravo, de izquierda a derecha, avanzaron esta semana los resultados de las auditoríasRaúl CaroEFE

Las auditorías externas que han permitido hacer un dibujo de situación de los 92 entes que conforman la bramidora «superestructura administrativa paralela que se ha incrustado en la organización autonómica», según la Junta, han destapado duplicidades, solapamientos, salarios cuestionables e incluso algún agujero. Uno de los entes del sector público diseccionado ha sido la Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada (PTS), y en el estudio sobre éste, compuesto por 57 páginas más varios anexos y consultado por LA RAZÓN, se advierte de que «se ha identificado un riesgo estratégico relevante relacionado con la gestión económica-financiera» de la entidad. Se trata de una deuda «por un importe de 2 millones con una empresa privada –Sacyr–», así como un débito «adicional» con la propia Administración que «le impide ser sostenible a corto plazo sin las subvenciones de la Junta de Andalucía». Si bien, por otro lado, «no se han detectado riesgos severos operativos, de ‘reporting’ o cumplimiento».

En el trabajo técnico se explica que en 2017 se armó un «plan de viabilidad» que conllevó una serie de «reformas económicas y estructurales como reducciones de sueldos» para disminuir costes y que en la actualidad «se encuentra en revisión» con el propósito de buscar «nuevas medidas para paliar la elevada deuda». Los auditores apuestan por «una restructuración» del débito que «facilite el cumplimiento del plan de viabilidad», pero para ello es necesario que lo aprueben los gobiernos central y autonómico, a la luz de lo reflejado en el documento. A juicio de los expertos contratados por el Ejecutivo regional, no hay «un plan de negocio definido que permita dotar al parque de una consistencia estratégica y una viabilidad económico-financiera, de forma que se gestionen» de manera «más eficaz» los recursos de los que dispone. Sostienen además que «no se puede determinar el grado de cumplimiento» de objetivos, ya que «las acciones realizadas por la entidad no son medibles» y «no se esclarecen» los fines a cumplimentar para «recibir una subvención nominativa», por lo que «podría existir» el peligro de que se perdiera la ayuda. En relación a esos fondos públicos, se alerta de que la fundación posee «una alta dependencia» de éstos. De hecho, «casi un 70% de los ingresos de explotación provienen de este tipo de partida», se afirma en el informe, para añadir que «las actividades» del ente «apenas responden como una fuente de ingresos relevante». Esto último se achaca a que los servicios que ofrece a las empresas asentadas en el parque tecnológico granadino «no generan» ninguna entrada de dinero. A ello se engarza que «las rentas de ciertos arrendamientos son muy bajas siendo los beneficios menores que los propios costes, pero sin posibilidad de liquidar estos contratos».

En definitiva, pese a que los auditores creen que el ente tiene capacidad y recursos humanos con potencia para abrir «nuevas vías de ingresos y hacer que el parque se autofinancie», de momento, «sufre un grave riesgo de insolvencia a corto plazo». Si bien, se matiza, «dispone de suficientes activos como para hacer frente a sus deudas a largo plazo». «El PTS es uno de los parques donde la entidad de gestión posee mayores niveles de endeudamiento (37,80%), lo que le impide ser sostenible sin las subvenciones de la Junta», se concluye.

Hay otro de los entes analizados, la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil (Inturjoven), cuyo modelo de negocio frena también su misión esencial: «Rentabilizar adecuadamente la explotación de la red de albergues» autonómica. La mayoría de esas instalaciones se hallan en un estado operativo deficitario y «lejos de, al menos, poder cubrir los costes de explotación». A ello se engarza que «los servicios centrales supusieron» en 2019, ya con el actual Ejecutivo regional gobernando, «unos gastos de casi 3,5 millones». O dicho de otro modo: «Los costes de personal representan la partida más relevante de los gastos», se dice en el informe centrado en él.

Las recomendaciones de las que están sembradas los trabajos técnicos no tienen carácter vinculante y deberán de someterse a criterios de factibilidad y oportunidad por parte de las consejerías de adscripción de los entes instrumentales ahora bajo la lupa.

Planes de expansión cuestionables y costes de personal desproporcionados
La Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía ha hecho públicos los informes íntegros de auditoría relativos a los entes que tiene bajo su competencia. En dichos análisis, y en relación a Veiasa, la empresa responsable de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), los auditores reflejan, entre otras cuestiones, que la productividad de la empresa «ha tenido una tendencia decreciente en los últimos años que se revierte durante el ejercicio 2020», con una productividad que crece actualmente por encima del 18% y que «es posible medir gracias a las mejoras implementadas por la actual dirección», según detalló ayer en una nota la propia consejería. En anteriores legislaturas, Veiasa llevó a cabo un plan de expansión que supuso la apertura de 18 nuevas estaciones de ITV, sin que fuesen solicitados, ni dotados los puestos necesarios para su funcionamiento, «generando con ello problemas de atención a las demandas de inspección de vehículos». El informe alude, asimismo, a una «incorrecta política de personal» que, no obstante, cree se está corrigiendo ya a través de la utilización de fórmulas distintas de contratación y de la creación de una nueva bolsa de trabajadores eventuales.
En relación a Cetursa, el informe refleja que existe «desproporcionalidad del coste del personal respecto a los costes operativos». Unos gastos que se han incrementado «año a año» hasta alcanzar el 60% de los costes operativos de la estación de esquí de Sierra Nevada, gestionada por Cetursa, un porcentaje «que llama significativamente la atención» si se compara con el resto de las estaciones españolas, donde el peso del coste de los medios humanos ronda el 40%. Los auditores recomiendan que se fomente «la aprobación de un convenio colectivo único» frente a los cuatro existentes.